El verdadero reto no es decidir entre agricultura o minería, ni entre desarrollo o medio ambiente, el verdadero reto consiste en construir un modelo que genere valor, diversifique la economía y eleve la calidad de vida de su gente.
El debate surgido en torno a la posible explotación minera en Hondo Valle, provincia San Juan, ha puesto sobre la mesa mucho más que una discusión ambiental. Ha dejado al descubierto una realidad que por años se ha evitado enfrentar con responsabilidad y, esta consiste en la narrativa sobre la supuesta riqueza de San Juan que está profundamente distorsionada.
En medio de posiciones encontradas, descalificaciones y discursos cargados de emotividad, frecuentes cuando escasea el análisis técnico, se ha instalado una idea desfasada que puntualiza el concepto de que producir mucho equivale a desarrollarse. Y no es así.
San Juan produce, sin discusión, una parte importante de los alimentos que consume el país. Su rol dentro del sistema agroalimentario nacional es incuestionable. Pero ese peso productivo no se traduce en bienestar económico para su gente. La realidad del campo lo evidencia porque se genera volumen, pero no valor. Y ahí reside el núcleo del problema.
La provincia ha estructurado su economía sobre una dependencia casi absoluta de la agricultura tradicional. Este modelo, lejos de consolidar riqueza, la diluye. Los márgenes son bajos, la vulnerabilidad es alta y la diversificación prácticamente inexistente. En otras palabras, San Juan sostiene una economía frágil, expuesta a cualquier perturbación externa.
El caso del arroz es ilustrativo. Su producción se mantiene, en gran medida, por políticas de protección estatal. Si se aplicaran sin matices los compromisos asumidos en acuerdos internacionales como el DR-CAFTA, la producción nacional enfrentaría un escenario complejo, y provincias como San Juan quedarían en una situación aún más crítica. Es decir, la aparente fortaleza del modelo agrícola descansa, en buena medida, sobre condiciones que no son sostenibles en el largo plazo.
En este contexto, parte del discurso de los que protestan hoy en día, ha intentado reforzarse recurriendo a comparaciones como la de Cotuí y la Presa de Hatillo, presentándolas como ejemplos concluyentes de deterioro ambiental irreversible. Sin embargo, esa narrativa, planteada de forma simplista, omite elementos esenciales.
Sí, existen impactos ambientales que deben ser reconocidos y gestionados con rigor. Pero también es cierto que las aguas de Hatillo alimentan sistemas productivos en su recorrido, sosteniendo actividades agrícolas y pecuarias exitosas, además de las de la propia Sánchez Ramírez, en provincias como Duarte, La Vega y María Trinidad Sánchez. Estas provincias del Cibao tienden, cada día más, a transformar sus productos del campo, cuando no los exportan. La realidad, por tanto, no admite reducciones absolutas. Convertir el debate en una dicotomía entre desarrollo y destrucción no solo empobrece la discusión, sino que impide construir soluciones equilibradas.
Ahora bien, el verdadero desafío de San Juan no está en decidir si produce más o menos. Está en cómo produce. O más precisamente, en cómo transforma lo que ya produce, porque San Juan no necesita ampliar su frontera agrícola. Necesita transformar arroz en derivados, procesar habichuelas, maíz, frutas y vegetales, empacar tubérculos, e integrarse a cadenas de valor que permitan colocarlos en los mercados, exportar, y generar empleo de calidad. El desarrollo y el bienestar económico de las comunidades no está en la cantidad de lo sembrado, sino en la capacidad de capturar valor a partir de ello.
En paralelo, hay otro elemento preocupante que suele quedar fuera del debate actual, y es el del papel del Estado. Históricamente, la economía de San Juan ha dependido en gran medida del gasto público. No se trata de una percepción, sino de una condición estructural. En ese sentido, medidas como el decreto 64-22, y el decreto 693-24 deben analizarse con la seriedad que ameritan. El objetivo de este último fue para evitar un deterioro mayor en economías provinciales vulnerables, entre las cuales San Juan ocupa un lugar central.
A esto se suman iniciativas orientadas a cambiar la matriz productiva, tales como los programas de capacitación, impulso a zonas francas, proyectos de infraestructura estratégica como un aeropuerto que permita atraer inversión. Se puede debatir su ritmo, su ejecución o su alcance, pero no su dirección, porque buscan romper el estancamiento estructural que ha limitado el desarrollo de la provincia durante décadas.
Por eso, reducir la discusión actual a una confrontación política o a consignas ambientales sin profundidad es perder de vista lo esencial. El problema de San Juan no es ideológico, es estructural. Y como tal, requiere soluciones estructurales.
San Juan no es una provincia rica mal gestionada. Es una provincia con alto potencial, atrapada en un modelo productivo que ya alcanzó sus límites. Persistir en ese esquema, o defenderlo bajo narrativas equivocadas, solo prolonga la misma realidad que hoy se cuestiona. Pocas personas alcanzando riquezas desproporcionadas, mientras los que producen viven en la época feudal.
El verdadero reto no es decidir entre agricultura o minería, ni entre desarrollo o medio ambiente. Además de colocar a la sociedad una camisa de fuerza con esa manera de analizar temas trascendentales; el verdadero reto consiste en construir un modelo que genere valor, diversifique la economía y eleve la calidad de vida de su gente. Escuchar con pinzas propuestas ambivalentes y acomodaticias a la situación actual, como la que hemos visto en las últimas horas que, en caso de ser factibles, en realidad benefician al estado dominicano en sentido general, no a la provincia puntualmente hablando, no es lo aconsejable.
Porque en el mundo actual, producir no basta. Transformar es la clave. Y esa transformación solo se logra con la Agroindustria.
Por MAR
