El Estado tiene el derecho, y el deber, de renegociar condiciones, REVISAR IMPACTOS y asegurar que cualquier explotación genere beneficios proporcionales para el país
En la minería, como en toda actividad estratégica, los tiempos no son neutros, porque hablan de decisiones, de omisiones y, sobre todo, de responsabilidades. El proyecto Romero, en San Juan de la Maguana, no es la excepción. Más que un caso técnico, es hoy un espejo de cómo el Estado Dominicano, en tres administraciones distintas, ha gestionado una oportunidad económica de alto impacto.
El punto de partida es claro. En el 2005, y consecutivamente en el 2010, el Estado, a través de sus instituciones, otorgó a través de la Ley Minera No. 146-71, a una empresa privada el derecho de explorar una zona específica para la búsqueda de oro, plata, zinc y plomo. Esa CONCESIÓN DE EXPLORACION (derecho real, exclusivo y temporal para explorar el subsuelo, otorgado por el Estado), debidamente evaluada y aprobada, no fue un acto simbólico, ya que creó expectativas legítimas, movilizó capital y activó un proceso que, por diseño legal, debía desembocar, si se cumplían las condiciones, hacia una fase de EXPLOTACIÓN.
Cinco años más tarde, en el 2015, la empresa da el siguiente paso lógico, solicitando la CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN (derecho exclusivo de extraer, procesar y comercializar recursos mineros, otorgado por el Estado), sobre la misma área ya explorada. Unas 3,997 hectáreas, o lo que es lo mismo, aproximadamente unas 60 mil tareas. A partir de ahí, el expediente transita por el aparato institucional del Estado dominicano, cumpliendo cada uno de los filtros establecidos por las leyes, publicación oficial, validaciones técnicas de carácter minero-ambientales, verificación de coordenadas y, de manera crucial, la certificación de que el proyecto no se encontraba dentro de áreas protegidas.
Para 2016, el proceso administrativo había alcanzado su punto más alto, y la Dirección General de Minería recomienda formalmente al Ministerio de Energía y Minas elevar LA APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE EXPLOTACION al Poder Ejecutivo. En términos prácticos, el proyecto había superado todas las etapas técnicas y regulatorias requeridas. Solo restaba un paso burocrático, la decisión política. Y ahí se produce el primer punto crítico.
El gobernante de turno de entonces (2012-2020) dejo en el congelador la firma del decreto que daría paso a la concesión de explotación, para comenzar sus operaciones de extracción, y tampoco la devolvió, por ejemplo, para una nueva revisión a los organismos correspondientes, dejando en un limbo jurídico a la empresa. Entonces no se trató de un rechazo técnico documentado dentro del expediente, sino de una decisión política que dejó en suspenso un proceso que, institucionalmente, ya había sido validado.
Esa omisión tiene implicaciones que no deben minimizarse. Durante años, la empresa había invertido recursos significativos en exploración, estructuración financiera y desarrollo del proyecto, amparada en permisos y concesiones otorgados por el propio Estado. En ese momento, la no emisión del decreto no solo congeló una inversión; también introdujo una señal de incertidumbre sobre la consistencia de la seguridad jurídica en el país. Sin embargo, la historia no termina ahí.
Con el cambio de administración en 2020, el proyecto Romero entra en una nueva fase, digámoslo de esta manera, porque la misma no está contemplada por la ley que dio paso a la APROBACIÓN DE LA EXPLOTACION, la de la revisión política bajo un contexto distinto, marcado por mayor presión social, ambiental y mediática. El gobierno actual no hereda un expediente vacío, sino un proceso prácticamente concluido en su fase técnica, pero incompleto en su fase decisoria. Aquí emerge el segundo punto crítico que consiste en la condicionalidad.
El Estado, como propietario de los recursos del subsuelo, no es un actor pasivo. Tiene el derecho, y el deber, de renegociar condiciones, REVISAR IMPACTOS y asegurar que cualquier explotación genere beneficios proporcionales para el país. Y justamente eso fue lo que hizo el actual presidente al que le han querido crucificar por ejercer su derecho para proteger los intereses nacionales. Ese rol, adoptado por el gobierno de turno, exige coherencia, no se puede desconocer que existe un proceso previo, ni ignorar que hubo inversiones realizadas bajo reglas que el propio Estado estableció.
El dilema es evidente. Por un lado, el gobierno anterior dejó una decisión sin tomar, pese a haber permitido que el proceso avanzara hasta su etapa final, otorgando las concesiones de lugar. Por otro, el gobierno actual ha optado por no firmar automáticamente, condicionando la decisión a nuevas variables, legítimas en el plano político, pero complejas en el plano jurídico.
En el centro de esta tensión está el concepto clave, el Estado como socio y garante. Si el Estado dominicano es dueño de los recursos del subsuelo, entonces su rol no puede limitarse a autorizar o bloquear proyectos. Debe actuar como un socio estratégico, capaz de estructurar acuerdos donde se equilibren tres elementos fundamentales:
Rentabilidad económica para la nación
- Sostenibilidad ambiental verificable
- Seguridad jurídica para la inversión
El caso Romero plantea una pregunta de fondo que trasciende este proyecto específico: ¿puede un país aspirar a atraer inversiones de alto riesgo, como la minería, si los procesos completados no desembocan en decisiones claras? El ESTADO es único, los gobiernos son transitorios, pero la continuidad es fundamental y bajo esa premisa, el actual gobierno y su administración tuvieron que fijar posición seria y responsable ante una decisión ya tomada por el propio estado: la autorización o no de la concesión de explotación.
En este caso, más que un conflicto entre empresa y estado, lo que está en juego es la credibilidad del sistema. Y esa credibilidad no se construye solo con leyes, sino con decisiones oportunas y coherentes, que fue lo que no paso en el periodo 2005-2020.
Hasta la noche del 4 de mayo de 2026, Romero seguía siendo una decisión pendiente. Sin embargo, el contexto reciente lo ha convertido en algo más: una prueba para el país.
Por un lado, existió una presión social legítima de sectores realmente preocupados por el impacto ambiental. Pero por el otro, también hay una clara politización del tema, donde algunos han intentado convertir el proceso en un escenario para desacreditar al mandatario de turno.
En medio de esa tensión, se abre una oportunidad, y es la de demostrar que el país puede corregir sus propias inconsistencias y avanzar hacia un modelo más transparente, equilibrado y predecible.
En ese sentido, la insistencia del presidente en exigir un estudio de impacto ambiental (EIA) ha sido mal interpretada por muchos. Mientras una mayoría no logró comprender su alcance, otros, INCLUYENDO AQUELLOS ACTORES QUE EN SU MOMENTO APROBARON LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN, han optado por cargar el debate de tintes políticos, proyectando una narrativa que termina distorsionando la discusión real sobre la protección ambiental que este caso exige.
El problema no es que el Estado tenga dudas. El problema es cuando las dudas sustituyen indefinidamente a las decisiones, y la política encuentro un escenario para torcer la verdad.
Por MAR
