La extraordinaria oportunidad de que una científica y arqueóloga dominicana del prestigio mundial de Kathleen Martínez junto al arqueólogo español Antonio Guio, la historiadora Lidia Martínez de Macarulla entre otros destacados profesionales, traten de localizar los restos del Cacique Taino Guarocuya, conocido como «Enriquillo»(Enrique Bejo), no debe empañarse con actos absurdos.
La presentación ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) de una Acción de Amparo contra la presidencia de la República y la Fundación Macarulla, por parte de una Sociedad para el Desarrollo de Monte Plata por que la búsqueda de los restos de Enriquillo se inició en Azua y no en la provincia de Monte Plata, es desatinada.
El controvertido abogado y representantes de los demandantes, Alberto Tavárez, genera protagonismo innecesario al señalar que la localidad de Boyá, en Monte Plata, fue el último asentamiento indígena, lo cual nadie ha cuestionado a partir de las investigaciones históricas conocidas en el país.
Sin embargo, el equipo de excelentes profesionales que buscan a Enriquillo no sólo se basa en la misiva enviada a Carlos V en 1535 por la Real Audiencia informando la muerte del Cacique y su deseo de ser enterrado en la iglesia Las Mercedes de Azua, sino que en los 2021 arqueólogos israelíes, utilizando sensores especiales hallaron puntos en esa iglesia con osamentas enterradas, de las cuales se han recuperado más de 35.
Si los estudios genéticos de las osamentas encontradas determinan que ninguna corresponde a Enriquillo, entonces la búsqueda puede extenderse a Monte Plata, por lo cual resulta insensato someter una demanda legal al TSA solicitando detener una investigación de tanto valor histórico, científico y cultural para este continente.
