La democracia se nutre de la participación activa de todos los ciudadanos. Sin embargo, esta participación puede verse obstaculizada por barreras que excluyen a ciertos grupos de la población, y una de las áreas donde esta exclusión se hace evidente es precisamente en el ejercicio del voto.
En una democracia como la nuestra el sufragio es un pilar fundamental, es el medio a través del cual los ciudadanos ejercen su soberanía y participan en la elección de sus representantes, cuando ciertos grupos de la sociedad enfrentan barreras para ejercer este derecho, indiscutiblemente que se socava la legitimidad y la equidad del proceso democrático.
Es por eso por lo que hay que apoyar toda iniciativa que contribuya a garantizar el sufragio de todos los ciudadanos que estén en condiciones de ejercer ese derecho.
Sobre este particular destaco que con mira al proceso electoral del 19 de mayo, la Junta Central Electoral ha producido importantes resoluciones que buscan de algunas maneras hacer del proceso electoral un proceso inclusivo, accesible y participativo, como diría el slogan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la que “nadie se quede atrás”.
Cuando hablamos de voto inclusivo nos referimos a un enfoque electoral que busca garantizar que todas las personas elegibles para votar tengan la oportunidad y los medios para participar en el proceso de votación, esto implica eliminar barreras y obstáculos que puedan excluir a ciertos grupos de la población, como personas con discapacidades, adultos mayores y reclusos en condición preventiva.
Sobre ese particular y con el propósito de hacer un proceso inclusivo y participativo, cabe señalar la resolución número 31-2024 que establece el procedimiento para el sufragio en 21 recintos penitenciarios de la República Dominicana, en la que los privados de libertad en calidad de preventivos tendrán derecho a votar.
Igualmente es importante destacar la resolución 33-2024 en la que establece la implementación para el voto en casa, las personas que serán beneficiadas con este servicio serán aquellas con discapacidad física severa, o motivos graves de salud que les impida trasladarse a los centros de votación. Un equipo se trasladará a las casas de las personas con discapacidad y allí crearán todo el escenario requerido para que el ciudadano ejerza el derecho al voto de manera secreta y en la comodidad de su hogar y su boleta será trasladada por ese equipo a la urna del colegio electoral donde pertenezca el elector beneficiado con este programa para que su voto sea contado.
En definitiva, esta acción de la JCE debe de contar con el respaldo de los partidos políticos, de lo que se trata es de asegurar que todas las personas, independientemente de su condiciones y capacidad física o cualquier otra característica, tengan igualdad de oportunidades para ejercer su derecho al voto, avanzar hacia un sistema de voto inclusivo en la República Dominicana no solo es una cuestión de justicia y equidad, sino también una necesidad para fortalecer nuestra democracia.
Por Pablo Vicente