De entrada, la anunciada renegociación del contrato entre el Estado y la empresa francesa de administración aeroportuaria Vinci, para extender hasta el 2060 el manejo de 6 aeropuertos cuyo acuerdo previo todavía tenía una vigencia de 7 años, le ofrece al gobierno una bocanada de aire con el adelanto de 775 millones de dólares en un período de 6 meses.
Pero por la desconfianza que tenemos los dominicanos sobre arreglos económicos realizados con empresas nacionales o extranjeras en cuyo centro se ubiquen bienes del Estado, es importante que esos acuerdos sean diáfanos a fin de evitar la suspicacia popular, por las malas experiencias pasadas en las que propiedades estatales fueron regaladas o vendidas a precio de vaca muerta.
Dice el presidente Luis Abinader que realizó esas negociaciones para garantizarles mayores beneficios al país y según los números ofrecidos por el mandatario, el Estado recibirá entre 1,905 y 2,155 millones de dólares en ese lapso de tiempo y los ingresos percibidos serán utilizados para resolver problemas viales, hospitalarios y realizar obras deportivas.
A partir de esas declaraciones del Mandatario y las promesas de la concesionaria Vinci de invertir 830 millones de dólares para realizar mejoras en los 6 aeropuertos otorgados, con un desembolso inmediato de 16 millones en reparaciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), las cosas, al menos en el papel, lucen positivas.
Entonces, si el país recibirá tanto beneficios, no vemos ningún problema pues al estar ya el contrato sometido al Congreso Nacional, se llame a vistas públicas donde se desglose parte por parte el contenido de ese acuerdo para que una vez sea transparentado la ciudadanía pueda respirar en paz, porque son demasiado años de concesión y en el capitalismo el objetivo de las empresas no es ayudar a los pueblos, sino buscar las mayores ganancias al menor costo posible.
