I de II
La figura de Francisco Alberto Caamaño Deñó ocupa un lugar singular en la historia política de la República Dominicana. Su liderazgo durante la Revolución Constitucionalista de 1965, y especialmente su retorno al país en 1973 para encabezar una insurgencia armada, generan debates profundos sobre la relación entre legalidad y legitimidad, la naturaleza del autoritarismo, la soberanía popular y los límites éticos de la acción política.
Este ensayo examina estos elementos desde una perspectiva académica, integrando análisis histórico, político y doctrinal, con el fin de ofrecer una interpretación razonada y equilibrada del accionar de Caamaño entre 1963 y 1973.
- Legalidad y legitimidad en contextos autoritarios:
Marco conceptual:
Para mayor comprensión, se precisa establecer la distinción entre legalidad y legitimidad como elemento indispensable para analizar los procesos políticos en sociedades con interrupciones democráticas.
- Legalidad.
La legalidad se refiere al cumplimiento de normas y procedimientos establecidos por un orden jurídico determinado. Sin embargo, en contextos autoritarios o semiautoritarios:
La ley puede ser diseñada para mantener el poder,
las instituciones no son neutrales, las libertades están restringidas, los mecanismos electorales pueden ser controlados. Así, la legalidad puede existir sin democracia, y en ocasiones sin justicia.
- Legitimidad.
La legitimidad, en cambio, se refiere a:
La soberanía popular, los valores fundamentales de la democracia, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la coherencia ética del ejercicio del poder.
La acción política puede ser ilegal pero legítima, como ocurre en movimientos de resistencia contra gobiernos que violan principios democráticos esenciales. Esta tensión será fundamental para comprender la actuación de Caamaño.
- 1963–1965: La génesis de la legitimidad constitucionalista de Caamaño.
Para entender plenamente el regreso de Caamaño en 1973, es imprescindible analizar su conducta en los años decisivos de 1963 a 1965.
- El golpe de Estado de 1963 y la postura de Caamaño.
El derrocamiento de Juan Bosch en septiembre de 1963 marcó la ruptura del primer gobierno democrático tras la dictadura de Trujillo. Caamaño no participó en la conspiración y, según testimonios de compañeros militares, expresó desacuerdo con el golpe. Su carrera militar se caracterizaba por el profesionalismo y la ausencia de vínculos con sectores trujillistas.
Este momento es crucial: Caamaño se posiciona implícitamente del lado del orden constitucional.
- El gobierno de facto del Triunvirato (1963–1965).
El Triunvirato gobernó sin legitimidad electoral, con un clima de creciente represión y descontento social. Caamaño, aún como militar activo, observó la erosión del orden institucional, lo cual fortaleció su convicción de que el país había perdido la ruta democrática.
- La Revolución Constitucionalista de 1965.
El 24 de abril de 1965 estalló la insurrección que exigía la restauración de la Constitución de 1963 y el retorno de Bosch. Caamaño no inició el movimiento, pero pronto emergió como su líder militar y figura central. El 3 de mayo fue designado presidente Constitucionalista en armas, cargo que asumió no para perpetuarse sino para dirigir la restauración del orden democrático.
La intervención militar de Estados Unidos el 28 de abril interrumpió este proceso. Para Caamaño, esta intervención no solo frustró la restauración constitucional, sino que impuso un desenlace político contrario a la voluntad popular.
Su aceptación de una salida negociada en septiembre de 1965 mostró autocontrol, responsabilidad y respeto por la vida civil.
La conducta de Caamaño entre 1963 y 1965 establece la base de su legitimidad democrática, ética y política.
III. La legalidad y legitimidad de los gobiernos de Balaguer (1966–1978).
Tras la intervención estadounidense y las elecciones de 1966, Joaquín Balaguer asumió la presidencia. Aunque formalmente su gobierno descansaba en procesos electorales y un marco constitucional, en la práctica el sistema presentaba rasgos autoritarios:
– Denuncias de fraude electoral,
– Persecución política,
– Asesinatos de opositores,
– Control militar y policial,
– Desigualdad de condiciones para la oposición.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el gobierno era legal.
Desde una perspectiva democrática sustantiva, su legitimidad era cuestionada.
Esta dualidad es clave:
Legalidad sin legitimidad real.
Para Caamaño —y para amplios sectores sociales— esta situación representaba una continuación del quiebre constitucional iniciado en 1963 y reforzado en 1965.
- La guerrilla de 1973: interpretaciones historiográficas.
La intervención de Caamaño en 1973 ha recibido diversas interpretaciones entre historiadores dominicanos.
- La corriente que afirma su legitimidad plena.
Historiadores como Roberto Cassá, Franklin Franco y Emilio Cordero Michel argumentan que:
– El Balaguerismo era un régimen autoritario,
– El proceso democrático no había sido restaurado,
– La Constitución de 1963 seguía siendo la norma democrática vulnerada,
– La insurgencia era la continuación del proyecto del 65.
Desde esta perspectiva, la acción de Caamaño fue ética, política y democráticamente legítima.
- La corriente que reconoce legitimidad moral, pero cuestiona la estrategia.
Autores como Bernardo Vega o Mu-Kien Sang consideran que:
La motivación de Caamaño fue coherente, pero las condiciones sociales de 1973 no favorecían una insurrección armada, y que la estrategia era prácticamente inviable.
Para esta corriente: legítima en intención, discutible en método.
- La corriente conservadora que la considera ilegítima.
Una minoría defiende que:
– Existía un proceso electoral,
– La insurgencia violentaba la “legalidad” vigente,
– La vía institucional debía agotarse.
Sin embargo, incluso estas voces reconocen que el régimen balaguerista tenía déficits democráticos evidentes.
- Síntesis analítica:
Legalidad e ilegitimidad vs. legitimidad e ilegalidad:
Cuando se integran los elementos históricos y teóricos, el caso de Caamaño revela una paradoja:
– Lo “legal” en 1973 protegía un régimen con severos déficits democráticos.
– Lo “ilegal” representaba la defensa de un proyecto constitucional democrático interrumpido desde 1963.
Esta inversión entre forma y sustancia se da con frecuencia en la historia de América Latina.
En este marco, la guerrilla del 73 puede entenderse como una forma extrema de reivindicación de la legitimidad por encima de la legalidad formal.
- Conclusión (como tercero imparcial):
Evaluación final:
Tras analizar el período 1963–1973 desde la teoría política, la historia y la historiografía dominicana, mi conclusión más equilibrada, razonada y ajustada a la realidad es la siguiente:
– La intervención de Francisco Caamaño en 1973 fue ilegal dentro del marco jurídico del gobierno de Balaguer, pero puede considerarse legítima desde la perspectiva democrática, ética y constitucional que él defendió desde 1963.
– Su trayectoria previa muestra un compromiso invariable con la Constitución de 1963 y la restauración del orden democrático.
– Los gobiernos posteriores a Bosch, especialmente el de Balaguer, aunque legales, carecían de una legitimidad democrática real.
– La vía institucional estaba severamente limitada por represión, desigualdad electoral y ausencia de garantías.
– La acción de Caamaño fue coherente con su conducta anterior y con su visión de justicia y soberanía popular.
En síntesis:
– Caamaño rompió la legalidad para defender la legitimidad.
– Actuó fuera de la ley, pero no fuera de la justicia.
– Su lucha no fue un quiebre de la democracia, sino un intento radical de restaurarla.
Por ello, su figura sigue siendo un referente fundamental en los debates sobre democracia, soberanía y resistencia en la República Dominicana.
Autor: Lic. Francisco Ventura de León
