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Si hablamos de imparcialidad, partamos de un principio fundamental que debe primar en el hecho insoslayable de que, toda nación tiene derecho a escoger su modelo político, religioso o cultural. Cuando nos referimos a nación, estamos refiriéndonos al pueblo, o grupo étnico, que compone cada país. La soberanía no está en discusión. Pero la soberanía tampoco puede convertirse en licencia para que los gobernantes desconozcan los derechos de otros Estados, mucho menos la del propio pueblo gobernado cuando parte de este piense de forma distinta. Es allí donde entran los preceptos de la democracia y la convivencia pacífica.
En ese punto cobra sentido la conocida frase atribuida a Benito Juárez, que muchos vinculan con la influencia del pensamiento de Immanuel Kant en su obra La Paz Perpetua (1795), y que reza de la manera siguiente, “El respeto al derecho ajeno es la paz.” Ese principio sigue siendo una de las bases del orden internacional moderno.
El problema surge cuando un Estado no solo organiza su vida interna bajo un modelo ideológico o religioso específico, aun violando los derechos del pueblo que forma parte de este, sino que intenta exportarlo o imponerlo fuera de sus fronteras. Desde 1979, el discurso oficial de la República Islámica ha sido abiertamente de confrontaciones hacia Occidente y, en especial, hacia Israel. No se trata de una exageración, sino que se desprenden de declaraciones públicas reiteradas a lo largo de décadas.
Un elemento central de esa estrategia ha sido el uso de organizaciones armadas que operan fuera del territorio iraní, conocidas comúnmente como proxies. Entre las más relevantes se encuentran Hamás, organización que ha recibido apoyo financiero, entrenamiento y respaldo logístico que ha contribuido a fortalecer su capacidad militar, incluyendo ataques como el ocurrido el 7 de octubre de 2023; Hezbolá, surgido en el Líbano, bajo el patrocinio directo del régimen de los ayatolás, y convertido en una de los grupos militares de naturaleza eminentemente religiosa, mejor armados del Medio Oriente, además de tener brazos que se extienden en algunas partes del mundo occidental; y los rebeldes hutíes en Yemen, aliados de Teherán que han recibido tecnología para la fabricación de drones y misiles utilizados en ataques contra embarcaciones en el mar Rojo, afectando rutas estratégicas del comercio mundial.
Todo ello ocurre mientras, dentro del propio Irán, el régimen mantiene fuertes restricciones políticas, religiosas y sociales, particularmente hacia las mujeres y hacia quienes disienten del modelo teocrático instaurado tras la revolución. La cuestión de fondo, por tanto, no es cultural, ni tan siquiera religioso. Es política y jurídica.
Surgen entonces interrogantes que, nos obligan pensar detenidamente sobre la situación generada en estos últimos días, tales como: ¿con qué legitimidad se exige respeto a la autodeterminación propia mientras se apoyan movimientos destinados a desestabilizar otros países? y; cómo se reclama tolerancia internacional cuando dentro del propio territorio las libertades políticas, religiosas o sociales están fuertemente restringidas? Solo aquellos que ven con simpatías los sistemas autocráticos dictatoriales pueden aplaudir y asimilar, desde afuera como siempre, las acciones históricas y permanentes de un régimen como ese.
Más aún, el orden internacional descansa sobre un principio elemental, el de la reciprocidad. El respeto no puede ser selectivo ni aplicarse únicamente cuando conviene. Si el derecho a preservar la identidad islámica debe ser protegido dentro de Irán, entonces también deben respetarse el modelo democrático de Estados Unidos y la existencia soberana del Estado de Israel. Pero la realidad del propio conflicto bélico actual desnuda ante el mundo un aspecto que demuestra por qué el fanatismo no puede anteponerse a la prudencia y al “respeto al derecho ajeno” al ver la reacción del régimen de los Ayatola, viéndose en desventaja bélica, atentando contra la estabilidad de países vecinos que no participan en este encuentro destructivo para todos por igual. Imaginémonos si este régimen revolucionario tuviese armas nucleares.
Ese mismo principio de reciprocidad que comentamos, debería extenderse al pueblo palestino de Cisjordania, cuya aspiración a convivir en paz con sus vecinos se ve constantemente saboteada por organizaciones radicales como Hamás precisamente apoyada por los teocráticos “revolucionarios” de Irán. Estas acciones, han contribuido no solo a perpetuar el conflicto, sino también a dividir al propio pueblo palestino entre quienes promueven la confrontación permanente, en la Franja de Gaza, y quienes creen, últimamente, en la posibilidad de coexistir. Porque la paz no se construye negando la legitimidad del otro. Se construye reconociendo una verdad simple, aunque incómoda para muchos, la cual estriba en el concepto de que los pueblos que no nos agradan también tienen derecho a existir, a organizarse políticamente y a vivir dentro de sus propias fronteras.
Quienes se identifican emocionalmente con las revoluciones ideológicas, sean de izquierda, religiosas o nacionalistas, suelen justificar o relativizar las acciones de los regímenes que dicen representarlas. Pero la historia obliga a mirar más allá de la simpatía política. Porque una cosa es defender el derecho de un país a elegir su propio modelo político o religioso. Y otra muy distinta es justificar o ignorar acciones que han terminado cobrando vidas civiles en distintas partes del mundo. Sobre todo, cuando son provocadas.
Por eso, antes de condenar automáticamente a cualquiera de los actores del conflicto actual, convendría hacerse una pregunta sencilla pero esencial, ¿estamos analizando los hechos con honestidad histórica, o simplemente estamos tomando partido por afinidad ideológica?
Si la respuesta es lo segundo, entonces el problema ya no es la guerra. El problema es nuestra propia incapacidad para mirar la realidad sin filtros. Y ninguna “revolución”, ni religiosa, ni política, debería exigirnos renunciar a la verdad para defenderla.
Por MAR
