Cualquiera que haya escuchado en los últimos años los discursos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, durante las celebraciones del Día del Poder Judicial, podría sorprenderse por el parecido casi idéntico en el contenido de los mismos.
Como en previas oportunidades, el magistrado reclamó la aceleración en los tribunales para el conocimiento de los casos de unas 16 mil personas privadas de libertad, sin habérseles celebrado juicios y mucho menos ser condenados.
El tema de la mora judicial, es decir la excesiva tardanza de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer el fondo y emitir sentencias de culpabilidad o inocencia a ciudadanos sometidos a los tribunales, es a todas luces una estocada al debido proceso y una retranca al avance del estado de derecho en el país.
Lo sorpresivo de la situación, es que las críticas o lamentaciones provienen de quienes tienen los mecanismos para abordar y solucionar la problemática, pues la Suprema Corte de Justicia es jurisdiccionalmente hablando, el organismo superior y regulador, que vigila y orienta el accionar de los demás tribunales, es por ende el ente que imparte las instrucciones y procedimientos en torno al manejo apropiado de los casos judiciales.
Mientras quizás el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, vuelva a repetir el próximo año la misma cancioncilla de lamentaciones y golpes de pecho por los miles de ciudadanos que languidecen a la espera de solucionar sus casos judiciales, la población necesita reclamarle a la Suprema Corte cumplir su responsabilidad en la injustificable mora judicial y exigir una solución inmediatamente.
