El proyecto de nuevo Código Laboral dominicano sigue empantanado debido al interés de la patronal de producir cambios sustanciales en los derechos adquiridos por los trabajadores, bajo el alegato de que algunos de esos beneficios afectan la creación de empleos en las empresas, la rentabilidad y modernización de las mismas, mientras evita la supuesta creación de condiciones avanzadas para la competitividad del mercado de trabajo.
El apoyo formal del gobierno al mantenimiento de la cesantía laboral en las condiciones establecidas en la Ley 16-92, se tambalea en el congreso nacional pues el poder de la oligarquía ha convertido los pasos finales para la aprobación del nuevo Código en un campo minado, en donde diputados vacilantes buscan más negociaciones, pese a haberse llegado a acuerdos tripartitos (gobierno-patronales-trabajadores) previos que ahora son torpedeados buscando eliminar la cesantía.
La oligarquía dominicana sigue insistiendo en tomar como elemento base para el pago el promedio salarial obtenido por el trabajador y el objetivo de esta movida es evitar que el pago se realice tomando en consideración el salario del último año pues si el pago de cesantía se efectuá tomando el promedio, es claro que el trabajador recibirá menos dinero, porque nunca los últimos salarios son menores que el salario con el que se empieza a trabajar en una empresa.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) mantienen una intensa presión y cabildeo en la Cámara de Diputados para que un nuevo Código Laboral no pueda ser aprobado sin un tope de diez salarios mínimos y un máximo de 6 años de antigüedad para los pagos de cesantía, aunque usted haya dejado su vida entera trabajándole a una empresa determinada.
Las Centrales Sindicales dominicanas, dispersas, debilitadas, con líderes burocratizados y sin capacidad de propiciar una medición de fuerzas contra la conjura de la oligarquía, con movilizaciones masivas o convocando a un paro nacional de actividades por 24 o 48 hora que articule otras demandas populares con la exigencia de respeto a sus derechos adquiridos, no tuvieron más remedio que solicitarle al gobierno retirar el proyecto y mantener el viejo Código laboral.
En la práctica, esa solicitud de los sindicalistas es una derrota no sólo para los trabajadores, sino para los pobres y vulnerables de esta media isla.
