Desde hace algún tiempo, y pese a la evidente ralentización que ha experimentado el sector construcción en los últimos años, la política dominicana ha vuelto a colocar en el centro del debate todo lo relacionado con la varilla y cemento. Lo que debería analizarse desde la óptica del desarrollo nacional ha sido reducido, una vez más, al terreno de la confrontación partidaria.
No es un fenómeno nuevo. La vieja práctica de desacreditar toda obra pública, popularizada durante los años de gobierno de Joaquín Balaguer, parece haber resucitado como método político. Bajo esa lógica, cualquier infraestructura ejecutada por el gobierno de turno es presentada como innecesaria, tardía o improductiva, ignorando deliberadamente que la inversión en obras civiles constituye uno de los motores más directos del crecimiento económico, la generación de empleos y la dinamización regional.
Es cierto que los controles administrativos se han endurecido. En el esfuerzo por cerrar espacios a la corrupción, la burocracia estatal se ha vuelto más rigurosa y detallista, aunque en ocasiones pueda percibirse como lenta. Sin embargo, aun cuando parte de la población entiende que el sector construcción enfrenta mayores obstáculos, esa percepción no necesariamente se corresponde con la realidad. Los nuevos controles buscan garantizar mejores estándares técnicos, mayor transparencia en la ejecución y, en última instancia, proteger tres aspectos fundamentales: la calidad de las obras, la sostenibilidad económica de los desarrolladores y el acceso de los ciudadanos a infraestructuras y soluciones habitacionales esenciales para el desarrollo nacional.
Sin embargo, el problema actual no radica únicamente en la gestión pública, sino en la narrativa política construida alrededor de ella. La expresión “política de varilla y cemento”, utilizada en el pasado para desacreditar a uno de los gobiernos más constructores del país, ha sido reciclada con un componente más peligroso que radica en la amplificación digital, o lo que se traduce como la propensión al engaño y la agresión intencional. Hoy, las redes sociales y ciertos espacios mediáticos funcionan como cajas de resonancia donde se difunden críticas sin sustento técnico, convertidas rápidamente en verdades emocionales destinadas a erosionar la percepción pública de cualquier obra estatal.
Un ejemplo evidente es la circunvalación de Baní. Junto a la circunvalación de Azua y los proyectos viales que conectan la salida hacia la región Sur del país, estas infraestructuras representan avances estratégicos para una región históricamente relegada en materia de conectividad. Sin embargo, sectores políticos han intentado desacreditarlas hasta bautizar una de ellas como “la circunvalación de la muerte”, utilizando los accidentes registrados tras su apertura como argumento central.
El debate, sin embargo, evade de forma irresponsable el verdadero problema. República Dominicana ocupa posiciones preocupantes en estadísticas internacionales de accidentes de tránsito, fenómeno ligado más al comportamiento vial que a la existencia misma de una carretera. Resulta más fácil culpabilizar la obra que enfrentar la realidad de una cultura de conducción vial marcada por la imprudencia, el irrespeto a las normas y la débil fiscalización.
Más aún, quienes hoy responsabilizan exclusivamente a la actual administración omiten señalar que el diseño original de esa vía, la de Bani, fue concebido y prepagado el inicio durante el gobierno anterior, incluyendo decisiones técnicas discutibles, como la rasante elevada respecto al terreno natural y la limitada capacidad de rebase, que inciden directamente en la seguridad vial. A la vez, es razonable entender que la urgencia reclamada por las comunidades del Sur, sumada a la política de continuidad de obras asumida por la actual administración, a diferencia de prácticas pasadas que abandonaban proyectos nacionales, impulsó el inicio inmediato de la obra. Es por esas razones que nos atrevemos a afirmar que la crítica selectiva, cuando omite contexto, deja de ser análisis y se convierte en propaganda.
Un caso similar se observa tras la inauguración de la línea 2C del Metro de Santo Domingo. A pesar del evidente impacto social del sistema de transporte masivo, persiste una campaña, mal intencionada, destinada a sembrar desconfianza entre los usuarios, difundiendo versiones alarmistas sobre supuestos riesgos estructurales. Se ignora así una realidad elemental de la ingeniería civil que radica en el concepto profesional de que toda obra compleja presenta ajustes y correcciones posteriores, procesos normales y técnicamente subsanables.
La historia del propio Metro demuestra que ninguna infraestructura está exenta de incidentes operativos. Episodios como descarrilamientos menores o interrupciones eléctricas ocurridos en etapas anteriores no invalidaron el proyecto ni su utilidad pública. Las obras se perfeccionan con el uso, la supervisión y el mantenimiento, no mediante su descalificación permanente, como suelen hacer los mediocres politiqueros del patio.
En esencia, toda infraestructura destinada a satisfacer necesidades colectivas será susceptible de críticas y mejoras. Eso forma parte del debate democrático. Lo preocupante es la tendencia creciente a satanizar sistemáticamente cualquier iniciativa pública, alimentada por opinadores improvisados en redes sociales y amplificada por actores públicos que privilegian el desgaste mediático sobre el análisis responsable.
La crítica es necesaria, no así la mezquindad. Cuando la discusión pública abandona los argumentos técnicos para refugiarse en etiquetas, exageraciones o campañas de descrédito, el verdadero perjudicado no es el gobierno de turno, sino la sociedad que necesita carreteras, transporte, hospitales, escuelas, canales de riego, represas, viviendas, y todo tipo de soluciones civiles reales para su desarrollo.
Porque al final, la varilla y el cemento no pertenecen a ningún tipo de ideología, sino más bien, representan el progreso tangible.
Por MAR
