Con el cierre de los hoteles, restaurantes y puestos de ventas de pollos que se produjo como resultado de la pandemia, los productores avícolas nacionales optaron por reducir la inversión en ese sector, pues la caída en la demanda de la carne del pollo le estaba generando dificultades económicas.
La gradual reapertura de las actividades en el país, también originó que la demanda de pollos pasara de 18 millones a 19.3 millones, pero al desatarse la Peste Porcina Africana, el temor hacia la carne de cerdo multiplicó el consumo de pollos, originando desabastecimiento, especulación y un aumento desproporcionado en el precio de la libra.
El gobierno, a través del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), haciendo uso del artículo 5 de la Ley 526, autorizó la importación de pollos para enfrentar los altos precios y la escasez, pero esa medida crea ronchas en los productores nacionales, afectados ya por el impacto negativo asociado con el alza de los insumos necesarios en la industria avícola.
Es necesario entonces, que el gobierno central valore con cuidado la cantidad de pollos a importar y analice medidas compensatorias hacia la producción local, hasta obtener un equilibrio y estabilidad en el mercado, pues en sus mejores momentos la autosuficiencia avícola del país superaba el 97%.
Si el gobierno no actuaba y el precio de la libra de pollo seguía escalando, generaba un problema sociopolítico de envergadura, pero si el gobierno comienza a importar desde el exterior pollos en exceso desmotivará a los productores nacionales que podrían irse a la quiebra, y entonces se originaría un problema sociopolítico peor para las autoridades, por eso llamamos a la mesura, en el complejo tema de del pollo.
