El acceso al poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato Luis Abinader en el 2020, fue resultado de la profunda indignación y fastidio del pueblo dominicano contra los escandalosos casos de corrupción, en donde funcionarios, familiares y relacionados a los previos mandatarios se hicieron multimillonarios al vapor.
El discurso de honestidad, transparencia e implementación de un régimen de consecuencias promovido por Abinader impactó en los votantes y las medidas posteriores tomadas para materializar esas propuestas electorales fueron uno de los puntos fuertes en cada una de las mediciones de opinión pública realizadas durante el primer periodo presidencial.
Las circunstancias, sin embargo, han ido cambiando y no pasa un mes sin que un nuevo caso de corrupción y malos manejos de los recursos del Estado se produzcan, siendo el más reciente las acusaciones por el Ministerio Publico de un entramado de desvíos de fondos, falsificación de documentos y reclamaciones falsas en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), que arroja hasta el momento pérdidas sobre los 15,900 millones de pesos.
Independientemente de que el presidente Abinader intente lavarse las manos y marcar distancia con los funcionarios acusados, la oposición aprovechará este mega escándalo para destrozar el legado de honestidad y pulcritud que debía ser el principal legado histórico en la gestión de Abinader y por añadidura dejaría al PRM huérfano de discurso contra los opositores.
Las previas acusaciones de narcotráfico y lavado de activos a congresistas, autoridades municipales y malos manejos financieros en instituciones gubernamentales no han tenido la incidencia del caso SENASA, por la magnitud del robo y por el daño social que para millones de dominicanos vulnerables y en necesidades médicas causa el defalco de SENASA.
Aunque Abinader no sea personalmente acusado de complicidad o tolerancia en acciones corruptas realizadas bajo sus mandatos, la salpicadura mancha su legado, que todavía continua amenazado por otros 276 casos de corrupción investigados y denunciados por la Directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosh.
