La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) llueve sobre mojado al reiterar que muchas de las audiencias pautadas para conocer los casos judiciales de cientos de imputados cada mes, son pospuestas porque los privados de libertad no acuden a las mismas por la carencia de medios para transportarlos a los tribunales.
Pero la parte espantosa del reclamo es la aseveración de que otras de las causas del caos en las audiencias es la desorganización y falta de un sistema digital unificado para conocer en cuestión de segundos, el archivo penitenciario completo de los presidiarios, o la localización carcelaria exacta por parte de los directores de los centros de reclusión.
El director de la ONDP, Rodolfo Valentín, puso como ejemplo, la confirmación del director general de los Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, de que en ocasiones hay presos localizados en la Cárcel de San Luis, pero son requeridos en el nuevo Centro Correccional de Las Parras, para ser llevados a los tribunales.
Resulta cuesta arriba entender como en estos tiempos de modernización tecnológica en todas las áreas de la vida, a estas alturas no exista un sistema unificado que establezca con claridad en cuales de los centros correccionales dominicanos se encuentres una persona imputada, agregando otro clavo en el calvario de las personas (algunas injustamente) sometidas a los tribunales.
Sabemos bien que los privados de libertad no son prioridad en las preocupaciones diarias de las autoridades, porque se asume que «el preso no es gente», en ese cruel concepto que deshumaniza a los reclusos, sin detenerse a analizar que sobre un 60% de esos reclusos son preventivos, sobre quienes no existe una sentencia condenatoria definitiva y por tanto, están amparados bajo la presunción de inocencia.
Pero fiel a la conducta de defensa de los vulnerables, indefensos y abusados, Enlacedigital.com.do llama a la solución estos problemas que afectan a los reclusos, como una manera de ir reduciendo los presos preventivos y a su vez la sobrepoblación carcelaria, que en algunas cárceles supera el 400%, constituyendo una muestra de la arbitrariedad e iniquidad a los cuales se mantiene sometidos a los privados de libertad.
