El sistema histórico de producción existente en la República Dominicana profundiza las desigualdades en la sociedad de tal forma que incrementa continuamente el patrimonio de las 16 familias en control de la vida económica nacional, mientras la pobreza en las capas medias y los trabajadores se extiende con el paso del tiempo.
Esa contradicción fundamental entre quienes poseen enormes acumulaciones de riquezas y quienes no tienen garantizado un plato de comida diaria, se manifiesta con agudeza en el déficit habitacional, que según la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acroprovi), supera un millón 500 mil viviendas, mientras estudios más recientes y creíbles aseguran que en términos cualitativos y cuantitativos la cifra supera los 2 millones.
La magnitud del problema se observa claramente en Santo Domingo y zonas aledañas, con 4 millones de habitantes (40% de la población total), con casuchas desvencijadas, construcciones informales en terrenos baldíos, orillas de ríos y cañadas, peligrosos intentos de añadir más pisos, entrepisos y sótanos, sin analizar las realidades estructurales o sin asesoramiento profesional.
El déficit anual de viviendas en nuestro país crece entre un 37 y un 40% y la tendencia es a empeorar, por la drástica disminución presupuestaria estatal para proyectos habitacionales nuevos o reparaciones de viviendas en mal estado, mientras la inexistencia de opciones asequibles, facilidades impositivas y financieras para comprar o reparar viviendas dificultan las posibilidades de un techo para los sectores sociales de menos ingresos.
Los dominicanos debemos empoderarnos para exigirle a los gobiernos de turno mayores presupuestos para gastos de capital, y a los desarrolladores del sector privado construir unidades habitacionales de calidad y económicamente accesibles, sin focalizarse en las excesivas ganancias, utilizar materiales deficientes y estafar a los posibles compradores con contratos de ventas onerosos.
