A raíz de una serie de videos publicados en redes sociales mostrando el deterioro del puente capitalino Francisco del Rosario Sánchez, popularmente conocido como «puente de la 17”, la Oficina del Defensor del Pueblo y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), se han enfrascado en una controversia en torno a la seguridad de la vieja estructura, construida en los años 70.
Cumpliendo con las funciones que le otorga la Ley 1901, los adjuntos de la defensoría del pueblo, doctores Darío Nin y Nathanael Lora procedieron a realizar una inspección de oficio al puente, encontrando «fallas visibles», que fueron fotografiadas, documentadas y entregadas a una comisión designada al efecto en el MOPC.
El Ministerio de Obras Públicas por su parte respondió garantizando que el puente de la 17 es seguro para su uso, pues según ellos, presenta un sistema de interconexiones que distribuye la carga con eficiencia que cumple los estándares internacionales, insinuando que la inspección de la defensoría del pueblo carece del rigor técnico necesario para ser tomada en cuenta
Mientras los inspectores del defensor del pueblo no son ingenieros especializados en estructuras sino abogados, las acciones realizadas son válidas porque reflejan una creciente preocupación ciudadana al respecto, que se resuelve acelerando los lentos trabajos previstos para prolongar la vida útil de ese puente, utilizado cada día por cientos de vehículos y miles de personas.
Las controversias por protagonismo mediático entre entidades del Estado no son buenas, porque dividen a la sociedad sobre los que todos deberíamos estar unificados, pues nadie quiere una catástrofe con esa estructura y por eso es un buen paso del MOPC integrar a técnicos nacionales y extranjeros calificados para apresurar las reparaciones necesarias en esa importante obra, que es el objetivo final tanto de los videos, cómo de los testimonios sobre las fallas del puente.
