Dice el Ministerio Público está obligado a presentar un caso creíble, sustentado en pruebas contundentes, respetando del debido proceso
SANTO DOMINGO-RD.- El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD), considera el proceso contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, como el mas importante y transcendental de los últimos 30 años, pues no se trata de un mero caso de corrupción, sino que el Ministerio Publico actual, está acusando a quien fungió como Jefe del Ministerio Público, y por ende Director de la Persecución Criminal de la Republica Dominicana, de encabezar una banda criminal, dedicada no solo a alterar registros Judiciales, sobornos, falsificación, sino a Estafar al Estado Dominicano, mediante transacciones fraudulentas, incluyendo la sobrevaluación de la Cárcel Nueva Victoria, en cuya construcción fueron invertidos los fondos del caso ODEBRECHT, con lo cual, nos convertiríamos en el único País del Mundo, donde hasta el cuerpo de delito de dicho caso, es sustraído, razón por la cual, el Ministerio Público se encuentra obligado a presentar pruebas contundentes de las escandalosas acusaciones vertidas en el proceso “OPERACIÓN MEDUSA”.
Entendemos que de comprobarse los gravísimos hechos planteados en la “OPERACIÓN MEDUSA”, obligaría a una reforma profunda en la Justicia, que garantice el destierro definitivo de los Políticos del Ministerio Público y del Poder Judicial, pues no es posible que un político, proveniente de la alta dirigencia de un partido político, sea designado, sin mas, ni mas, como Procurador General de la República o Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Necesitamos muchas MIRIAN GERMAN que garanticen niveles de objetividad y justicia que despierten la confianza de todos; pues no establecer un sistema de selección del Procurador General de la Republica que requiera la escogencia de una Fiscal de Carrera, apolítico, honesto y preparado, nos convertiría en un Estado Fallido.
Hacemos un llamado a todos los partidos políticos a aunar esfuerzos para esa gran reforma de la Justicia, que evite que la corrupción e impunidad permeen la administración de Justicia, lo que sería una garantía tanto para esta sociedad que no quiere políticos en las Cortes, sino árbitros, paro además para los propios políticos, para los que hoy están en la oposición que tienen el temor de persecuciones injustas, pero para los actuales funcionarios del partido oficial, que requieren que, si mañana salen del poder, tampoco sean perseguidos en venganza fratricida. Un arbitro inamovible, de carrera en la Procuraduría y en el Poder Judicial, es una garantía de justicia y predictibilidad para todos.
