Quizás con la intención de montarse en el carrusel de quienes buscan notoriedad mediática, externando preocupación e interés por los hechos delictivos ocurridos en el país en las últimas semanas, el diputado Luis Henríquez depositó en la secretaría legislativa de la Cámara Baja un proyecto de ley para obligar a usuarios de hoteles, moteles y cabañas a presentar la cédula de identidad o el pasaporte para poder pernoctar allí.
Al defender la pieza en cuestión, el legislador la justifica como necesaria contra las acciones delictivas en el territorio nacional, pues en su opinión esos lugares son utilizados por malhechores para transacciones dolosas y evadir persecuciones, pero además dejó caer la idea de que esta sociedad necesita “mayor valor en la familia y fidelidad de las parejas».
Nadie entiende ni conoce, cuáles son las estadísticas reales que maneja el diputado Henríquez para afirmar que esos centros constituyen guaridas de maleantes o de infidelidad de parejas, pero mucho menos luce que en la premura por la publicidad, consultó varias disposiciones constitucionales que impedirían la aplicación de una ley con los propósitos anteriormente descritos.
Una normativa en las condiciones propuestas por el legislador violentaría derechos constitucionales antidiscriminación, de libertad de reunión, de tránsito y en el caso de buscar “fidelidad de las parejas» tendrá de frente al Artículo 44 de la Carta Magna el cual, protege el derecho a la intimidad y a la no injerencia en la vida privada, estableciendo que la violación de este derecho obliga a la «autoridad o particular que lo viole a resarcirlos o reparos».
No existe ninguna evidencia creíble que establezca una conexión entre un aumento de la criminalidad y los hoteles, los moteles o las cabañas, todo lo contrario, cada vez que los delincuentes se esconden en esos lugares muchas veces son fácilmente localizados y atrapados, debido a la delación de parroquianos, empleados y dueños de esos negocios, tampoco hay garantías de que, al ofrecer sus datos, los chantajes contra los usuarios no se multipliquen.
La reacción airada de la ciudadanía le augura un futuro oscuro al susodicho proyecto, pero en el poco probable escenario de aprobarse, las avalanchas de demandas ante el Tribunal Constitucional se encargarán de sepultar esa norma para siempre.
