Hace unos días, un prestigioso medio digital de la República Dominicana publicó un informe sobre el desempeño económico de la Junta Central Electoral (JCE), en el que quedó reflejado el lamentable abuso que, a nuestro juicio, el pleno de esa institución y su presidente están haciendo de los fondos públicos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.
La JCE tiene, entre otras responsabilidades, la organización y regulación de los procesos electorales, así como funciones relacionadas con el ordenamiento y administración del Registro Civil y la organización, reglamentación y ordenación de los cargos de elección popular, de conformidad con la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Régimen Electoral núm. 20-23, la Ley núm. 33-18 de Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos así como la Ley núm. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil.
El informe deja al descubierto un manejo que consideramos irresponsable e irregular de los recursos de la institución por parte de varios de sus magistrados, algunos suplentes y personal técnico, mediante el uso de importantes cantidades de dinero en costosos viajes al extranjero, pasajes aéreos, dietas y viáticos para participar en actividades en las que han acudido como observadores.
Esta situación contrasta de manera evidente con el bajo desempeño de la Junta en áreas fundamentales, particularmente en la promoción del voto dominicano en el exterior y en los resultados hasta ahora obtenidos por las políticas implementadas para la renovación de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.
En lo relativo al proceso de renovación de la cédula en el exterior, organizado en las distintas regiones y países del mundo y distribuido en tres circunscripciones electorales, se evidencia un preocupante desorden institucional. No todas las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) habilitadas para este propósito cuentan con los dispositivos electrónicos necesarios para la edición e impresión de la nueva cédula.
Esto está generando un verdadero cuello de botella en aquellos centros que sí disponen de los equipos. En la mayoría de estas oficinas se capturan las huellas dactilares y los demás datos biométricos del ciudadano, pero no se realiza la impresión del documento. Como consecuencia, el ciudadano debe realizar desplazamientos adicionales, invertir más tiempo y asumir mayores gastos para completar un proceso que debería ser ágil, eficiente y organizado.
Esta situación no solo afecta directamente a los dominicanos residentes en el exterior, sino que también termina trasladando la presión y las dificultades a los partidos políticos y, particularmente, a sus principales dirigentes, quienes reciben diariamente las quejas de una ciudadanía que demanda respuestas.
Cabe preguntarse, entonces: ¿Cómo puede el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, y los demás jueces titulares justificar ante el pueblo dominicano viajes tan costosos a lugares como Filipinas, donde, según los datos disponibles, ¿no existe una comunidad dominicana de una magnitud que justifique semejante despliegue, mientras se asignan dietas y viáticos que pueden alcanzar hasta US$800 diarios por persona en viajes de hasta 11 días?
Es necesario recordar que precisamente en el exterior, donde se supone que deben concentrarse importantes esfuerzos institucionales para incentivar la participación electoral, la abstención en las elecciones de 2024 rondó el 82 %, mientras que en 2020 superó el 60 %.
Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué tienen que viajar en primera clase? ¿Cuál es la verdadera justificación de estos gastos? ¿Acaso no existen alternativas más económicas y eficientes para cumplir con esas funciones institucionales?
No se trata de cuestionar la participación de la Junta Central Electoral en actividades internacionales cuando estas sean necesarias y estén debidamente justificadas. Lo que cuestionamos es que se utilicen recursos públicos de manera desproporcionada mientras existen problemas internos que todavía no han sido resueltos y servicios fundamentales que requieren mayor inversión, planificación y eficiencia.
Cuando presentamos ante el Senado de la República nuestras aspiraciones para formar parte del Pleno de la Junta Central Electoral durante el período 2020-2024, abordamos ampliamente esta problemática relacionada con el manejo de los recursos y los intereses de la institución. En aquella ocasión presentamos propuestas y un plan de mejora orientado a lograr una administración más eficiente, transparente y responsable.
Sin embargo, lejos de mejorar, tenemos la percepción de que algunas de estas prácticas han empeorado.
Dicho esto, exigimos al Pleno de la Junta Central Electoral mayor eficiencia en todos sus servicios, mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y un manejo mucho más pulcro de los impuestos que pagan los ciudadanos dominicanos.
Asimismo, consideramos necesario que se esclarezca el destino de los más de 32 millones de pesos destinados a viáticos y dietas que, de acuerdo con el informe publicado y hasta el momento no desmentido, fueron utilizados durante el período señalado.
Si las informaciones fueron suministradas por la propia Junta Central Electoral como respuesta a una solicitud realizada por un medio de comunicación, amparada en la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, corresponde a la institución explicar públicamente, con absoluta transparencia, cada uno de esos gastos y justificar su necesidad, proporcionalidad y relación directa con las funciones constitucionales y legales de la JCE.
El dinero público no pertenece a los funcionarios que temporalmente administran las instituciones del Estado. Pertenece al pueblo dominicano.
Por eso, la Junta Central Electoral debe comprender que la transparencia no puede limitarse a entregar información cuando es solicitada. La transparencia también implica explicar, justificar y rendir cuentas sobre cada peso utilizado, especialmente cuando se trata de recursos destinados a una institución cuya misión es garantizar la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y en el Registro Civil.
La JCE necesita recuperar la eficiencia, la austeridad y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía. Y para ello no bastan discursos ni informes: se necesitan resultados, responsabilidad y rendición de cuentas.
Autor: Lic. Luis Columna Solano
