Desde siempre, cuando una persona es transportada en condiciones de extrema urgencia a un centro de atenciones médicas privado en el país, la primera pregunta realizada al paciente o a sus familiares es quien se encargará de proporcionar el anticipo o depósito monetario, previo a ofrecer el servicio.
El complejo escenario descrito se repite cientos de veces cada semana, pero ha empeorado en los últimos dos años debido a que, en los hospitales públicos, la práctica del «rebote» es decir, rechazar a pacientes y reenviarlos hacia otros centros es un círculo vicioso, justificado en las carencias de camas, por las altas ocupaciones de haitianos e ingresados con coronavirus.
Las clínicas privadas por su parte, son negocios que privilegian las ganancias sobre la vida y la salud de las personas y constantemente violan la resolución 156-08 de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales (SISALRIL) que prohíbe el cobro de anticipos y depósitos en los Prestadores de Servicios de Salud, pero lo continúan haciendo, aunque exista un contrato con una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) determinada.
Obviamente, cuando existe una emergencia médica lo usual es recurrir al centro más cercano para preservar la vida del afectado, y nadie acude primero a preguntar si esa clínica está afiliada o no a un seguro médico específico, mientras la persona agoniza.
El problema de fondo, es la incapacidad del Estado en consolidar un sistema de salud pública que responda a las necesidades de la población y a la inutilidad de las entidades reguladoras de salud, que no hacen cumplir sus propias resoluciones, evitando los excesos de unos centros médicos privados, cuya meta es el lucro económico , sin importarle un bledo la salud de la gente.
