El espantoso asesinato de la joven Carmen Paulino Gabriel (Rafaelina), muerta con casi 300 estocadas y luego arrojada en una cisterna, en San Francisco de Macorís, justifica la postura coherente que hemos mantenido, en torno a exigir una nueva legislación que incremente las penas para quienes sean encontrado culpables de crímenes horrorosos como el ocurrido en la provincia Duarte.
No puede catalogarse dentro de la especie humana, y por tanto no puede vivir dentro de una sociedad medianamente organizada, ningún ser vivo que haya acumulado tanto odio, ira y rencor para descargarla contra una mujer indefensa, culminando esa obra macabra lanzando el cuerpo inerte a un depósito de agua sin el mínimo pudor.
Aunque en principio se sospechaba de su pareja, Eusebio Rosario Hernández (Eddy) por el historial de abusos contra la hoy occisa, ahora en un sorpresivo viraje en las investigaciones ha sido apresado el adolescente de 15 años e hijo de éste, a quien nuevas evidencias ubican en la escena del crimen.
La confesión del hijastro de Carmen Paulino, admitiendo su responsabilidad e indicando el lugar en donde ocultó el arma blanca utilizada en el espeluznante crimen, abre un obligado capítulo en torno a la lenidad con que la ley trata los actos delincuenciales cometidos por algunos «menores».
Las pesquisas deben profundizarse para establecer las motivaciones que llevaron al adolescente a cometer el sádico hecho, así como la existencia o no de cómplices, pero esta muerte debe también provocar la reflexión sobre el desfase del Código del Menor y la imperiosa necesidad de actualizar las leyes para ofrecer seguridad y respuesta efectiva a esta sociedad cada día más asombrada por los niveles barbáricos de violencia a los que hemos llegado.
