Cuando en un país el 80% de las personas sospechosas de involucrarse de una u otra forma en acciones delictivas, son apresadas por la autoridad y procesadas de acuerdo a la legislación vigente, pero salen libres por determinaciones judiciales pese a sólidas evidencias incriminatorias, es un indicador de que la sociedad ha tocado fondo.
No nos engañemos, el sistema de justicia dominicano es una caricatura, la constante denegación judicial, las inexcusables moras, la endémica corrupción atrincherada en las entrañas de esa estructura, cuyas múltiples cabezas y sus enérgicas dentelladas sólo alcanzan a los menos favorecidos, explica porque al tren judicial los malhechores ni le respetan ni le temen.
El amargo lamento de la ministra de Interior y Policía Farides Raful, en torno a que según sus estadísticas el 80% de los individuos sometidos a los tribunales, con evidencias recogidas de acuerdo con la ley, son liberados bajo fianza, puestos en arrestos domiciliarios o en muchos casos criminales peligrosos quedan en libertad pura y simple por oscuras decisiones judiciales, es alarmante.
Los ciudadanos debemos preocuparnos, pues un sistema judicial blandengue, venal y displicente con los forajidos, algunos reincidentes y violentos, se pone en riesgo a todo el cuerpo social, que sufre en carne propia los ataques diarios de una claque criminal sanguinaria, sin temor al imperio de la ley, creyéndose protegidos por la coraza de la impunidad.
Mientras los intereses politiqueros mantengan secuestrado al bendito nuevo Código Penal, la población necesita despertar, levantarse y exigir drasticidad en las sentencias judiciales contra bandoleros y asesinos que nos amenazan cada día con mayor ferocidad. ¡Basta ya de blandenguería, venalidad y displicencia judicial!
