Crece como la espuma la indignación de la ciudadanía, al enterarse que debido al contrato realizado durante la gestión del ex presidente Leonel Fernández, el Estado debe pagar 13.5 millones de pesos diario a las empresas colombianas Autopistas del Nordeste S.A., y Bulevar Turístico S.A., por la construcción de la autopista hacia Samaná.
Nadie en su sano juicio, puede explicarse la firma de un contrato a 30 años por una obra, cuya construcción y operación costó US$305 millones, que incluye dentro de sus onerosas clausulas, el derecho de la empresa a obtener el 100% del peaje que paguen los vehículos en ambos trayectos durante 3 décadas.
Simple matemática de las recaudaciones anuales de las compañías en cuestión, indica que el costo de la construcción ya ha sido pagado con creces, pues en el fraudulento contrato se establece la obligatoriedad de la parte dominicana a pagar el diferencial económico mínimo establecido en ese documento, cuando no se alcance el número de pagos por vehículos, establecidos en el acuerdo.
El presidente Luís Abinader ha señalado que de seguir lo estipulado en ese escrito, el Estado dominicano terminará pagando 6 veces más de lo invertido por esas empresas, que de no haber un cambio continuarán embolillándose más de 13 millones de pesos diarios.
El Estado debe revocar ese contrato ya, primero porque la inversión realizada por esas empresas ya ha sido recuperada con el doble de ganancia, segundo por el vicio intrínseco que supone un acuerdo engañoso, doloso, tercero porque es un acuerdo abusivo, profundamente lesivo al interés nacional y cuarto por esa vía constituye un gran peligro porque no se hicieron las adecuaciones viales de rigor.
