Hay historias que nos recuerdan que, detrás de las grandes disputas geopolíticas, existen seres humanos cuya desesperación puede convertirse en el negocio de otros. El desarrollo de internet nos permite conocerlas casi instantáneamente, pero también nos enfrenta a una realidad inquietante más que desmoralizante, y es que, mientras algunos venden sueños de prosperidad, otros terminan encontrándose con una pesadilla de la que difícilmente pueden escapar.
Recientemente conocimos el testimonio de un dominicano que, según su relato difundido en las redes sociales, logró escapar de un engaño relacionado con el reclutamiento de extranjeros para Rusia. Su experiencia nos lleva a reflexionar sobre una práctica que merece la atención de los gobiernos y de los organismos internacionales al tratar la captación de personas mediante falsas promesas para someterlas a situaciones de explotación y, en determinados casos, conducirlas directamente al frente de guerra.
En este mundo, como escribió el poeta español Ramón de Campoamor en «Las dos linternas», la realidad suele interpretarse según el cristal con que se mira. En política y geopolítica, esa tendencia se hace particularmente evidente. Si una conducta la protagoniza un aliado, aparecen las justificaciones; si la ejecuta un adversario, abundan las condenas. Así, los principios que deberían ser universales terminan subordinados a las simpatías ideológicas.
Pero hay asuntos en los que no debería existir espacio para semejante relativismo. El engaño, la explotación humana y el aprovechamiento de la necesidad ajena son condenables, independientemente de quién los practique.
La invasión rusa, a gran escala de Ucrania, comenzó el 24 de febrero de 2022. Al llegar octubre de 2026, el conflicto supera los cuatro años y siete meses, sin que las consecuencias humanas permitan hablar de una solución definitiva.
Las cifras oficiales verificadas por las Naciones Unidas ilustran la magnitud de la tragedia. Al 14 de julio de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había documentado al menos 16,431 civiles muertos y 48,613 heridos en Ucrania desde el inicio de la invasión. Entre los fallecidos había 803 niños que, por cierto, los grupos pro palestinos (en realidad apoyan a Hamas, Hezbolah y Huties) no dicen nada al respecto. La propia ONU advierte que las cifras verificadas no necesariamente representan la totalidad de las víctimas.
A estas pérdidas deben sumarse las bajas militares de ambos bandos, cuyo número real resulta difícil de establecer de manera independiente.
Un análisis publicado en enero de 2026 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó que Rusia había sufrido aproximadamente 1.2 millones de bajas militares desde febrero de 2022, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos. El mismo análisis situó hasta 325,000 el número de militares rusos fallecidos. Se trata de estimaciones de un centro de investigación, no de un recuento oficial e independiente de cada víctima. Un buen ejemplo fue el del envío de solados norcoreanos, los cuales sufrieron bajas considerables al ser utilizados en primera línea de batalla. De estos, su propio gobierno no dice absolutamente nada.
Detrás de cada cifra hay una familia, una historia interrumpida y un futuro que ya no será posible. Por eso, cuando hablamos de la guerra, no podemos limitarnos a las conquistas territoriales, los movimientos de tropas o los intereses estratégicos de las grandes potencias. También debemos preguntarnos cuántas vidas se están sacrificando y qué mecanismos se utilizan para conseguir nuevos hombres dispuestos a combatir.
En este contexto, han surgido denuncias sobre ciudadanos extranjeros que habrían sido atraídos a Rusia mediante promesas de empleos bien remunerados, oportunidades académicas y otras ofertas que, supuestamente, nada tenían que ver con participar directamente en una guerra.
Una investigación de Reuters publicada en julio de 2024 documentó el caso de ciudadanos indios captados mediante redes de intermediarios y ofertas engañosas. Según las autoridades de la India, algunas personas viajaron a Rusia creyendo que obtendrían empleos lucrativos o acceso a instituciones educativas. Una vez allí, les habrían confiscado sus pasaportes, recibido entrenamiento militar y enviados al frente de combate.
En ese momento, las autoridades indias estimaban que entre 30 y 40 de sus ciudadanos se encontraban sirviendo en el ejército ruso. Al menos cuatro habían muerto. Nepal y Sri Lanka también denunciaron situaciones en las que sus ciudadanos habrían sido atraídos hacia el conflicto mediante promesas falsas. En América Latina, por igual.
Estos testimonios plantean interrogantes que no deberían analizarse con explicaciones superficiales. Porque aquí surgen preguntas necesarias que radican sobre estos hechos, por ejemplo, ¿puede considerarse una contratación laboral legítima aquella en la que una persona acepta un empleo, viaja a otro país y termina incorporada a una fuerza militar para la que no sabía que estaba siendo reclutada?
¿Es suficiente la firma de un documento para hablar de consentimiento cuando la persona desconoce la verdadera naturaleza de la actividad, pierden o secuestran sus documentos de identidad o se encuentra en un entorno del que no puede salir libremente?
La respuesta exige examinar cada caso, pero hay un principio fundamental que consiste en que, el consentimiento obtenido mediante engaño no puede utilizarse como excusa para justificar la explotación de una persona.
No se puede permitir que la necesidad económica se convierta en una licencia para engañar, someter o explotar a ningún ser humano.
Las embajadas deben atender las denuncias de sus ciudadanos; los gobiernos deben investigar las redes de reclutamiento fraudulento; las plataformas digitales deben cooperar frente a las ofertas engañosas, y los organismos internacionales deben exigir responsabilidades cuando existan pruebas suficientes.
Ningún ser humano debe ser tratado como mercancía. Porque cuando se engaña a un hombre para enviarlo a morir en una guerra, o a una mujer para someterla a explotación sexual, no estamos ante una simple irregularidad contractual. Estamos ante una grave cuestión de dignidad humana que merece investigación, justicia y condena, sin importar quién se encuentre detrás de ella.
Por MAR
