En países con escasa institucionalidad y respeto a la continuidad del Estado, resulta en extremo difícil para los profesionales o empresas que realizaron negocios con un gobierno saliente, obtener el pago a los productos vendidos o servicios realizados por parte de la nueva gestión gubernamental, máxime cuando corresponde a una entidad política diferente a la anterior.
En ese desbarajuste están atrapados 102 contratistas quienes construyeron planteles educativos públicos en gestiones previas, y a pesar de haberse auditado, inauguradas y tener las escuelas en uso durante años, esos empresarios e ingenieros todavía no reciben el pago de las obras entregadas.
Esas circunstancias, les origina una situación desesperante, pues casi la totalidad de ellos recurren a préstamos, créditos comerciales e incluso financian propiedades con la finalidad de obtener los materiales y recursos necesarios para cubrir los gastos de las construcciones, a la espera de recibir el pago final del Estado y entonces ellos también honrar las deudas contraídas.
Entendemos que el gobierno afronta una realidad muy difícil en términos económicos, pero nada evita que el Ministro de Educación, Roberto Fulcar, asuma la iniciativa de reunirse con los contratistas afectados para plantearles alternativas de pagos y comenzar a saldar en sumas parciales la deuda contraída por el Programa Nacional de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación (MINERD).
El Estado dominicano debe abandonar la perniciosa práctica de obstaculizar los compromisos contraídos por gobiernos diferentes, cuando las obligaciones contractuales han sido realizadas de acuerdo a la ley, y sin importar las simpatías políticas de los contratistas o empresarios escogidos al efecto, pues ¿Qué ejemplo le ofrece a sus ciudadanos un Estado incumplidor y deshonesto?.