No es secreto para nadie, que una de las causas del incremento de los actos delincuenciales en el país encuentran razón en el carácter extremadamente garantista de la actual normativa legal, resultado de la imposición y copia de textos extranjeros motorizados por entidades de la sociedad civil, cuyo accionar responde a los intereses de Estados Unidos y a la Unión Europea.
El precio que hemos pagado los dominicanos por ese error continua siendo muy alto, pues a diario somos testigos de crímenes espeluznantes y atroces, que impactan a una sociedad temerosa e indefensa a causa de unos cuerpos de seguridad y un sistema judicial maniatados por disposiciones que no reflejan la realidad social ni la idiosincrasia nacional.
Así pues, resulta urgente la aprobación de un nuevo Código Penal que identifique y castigue con la severidad necesaria los comportamientos delictivos, al tiempo de proporcionar alternativas de rehabilitación efectiva para los convictos interesados en reintegrarse a la sociedad como elementos productivos, y en ese punto no existe divergencia.
Ahora bien, a partir de la confrontación entre sectores conservadores y progresistas por el tema del aborto, que incluso motivó dos observaciones del ex presidente Danilo Medina, por no incluir las tres causales para la despenalización, es decir cuando es producto de una violación o un incesto, cuando la vida de la madre esta en peligro o cuando la ciencia demuestra que el feto tiene daños congénitos, el Código Penal no se ha podido aprobar.
Si tal como anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco el Código Penal se aprobará sin las causales, pero luego someterán un ley especial para despenalizar las tres causales, podemos pronosticar serias protestas sociales si no introducen esa ley especial al menor tiempo posible, por el apoyo mayoritario de los dominicanos a la despenalización del aborto en esas tres circunstancias.
Ojalá el nuevo gobierno no comience a perder el rumbo.
