El vergonzante episodio que sacude a la sociedad dominicana, donde cerca de 17 mil personas con antecedentes delictivos pudieron alterar o borrar sus historiales penales pagando sobornos, ratifica el deterioro moral que nos corroe, cual cáncer maligno en fase de metástasis
Es aterrador, que 17 mil delincuentes con expedientes que incluyen asesinatos, robos, sicariato, violaciones sexuales, homicidios, narcotráfico, estafas y una amplia gama más de actividades reñidas con la ley, pudieron con facilidad pagarle a una red de mafiosos para modificar y borrar sus expedientes
La operación de desmantelamiento de la red nombrada «Operación Gavilán» dejó al descubierto un entramado compuesto por técnicos con acceso al sistema tecnológico y base de datos de la Procuraduría General de la República (PGR), ex policías y lo peor de todo, por lo menos 7 fiscales de diferentes jurisdicciones integraban el grupo delincuencial.
Es probable que la amplitud y profundidad del daño ocasionado por «los gavilanes» a la población dominicana sea mayor al establecido hasta el momento, debido al tiempo que tenían operando y por el fácil acceso administrativo, técnico y legal adquirido por los corruptos mandos medios de la Procuraduría General de la República, (PGR) y, la Policía Nacional.
Este caso justifica la permanente vigilancia y revisión del comportamiento que debe establecerse no solamente en la Procuraduría General de la República, (PGR), y, en la Policía Nacional o en el sistema judicial, sino en todos los empleados públicos sin distinguir jerarquías, para evitar que como ahora, los criminales logren penetrar nueva vez a base de datos de las instituciones del Estado para obtener un borrón y cuenta nueva, que les permita continuar transgrediendo la ley.
