El Gobierno vendió la reforma como una respuesta a la volatilidad del petróleo y a la crisis internacional. Pero la velocidad de su aprobación, la falta de austeridad estatal y el uso del miedo económico como argumento revelan otra cosa, no se trató de una política de responsabilidad fiscal, sino de una operación de recaudación para sostener un Estado que se niega a reformarse.
Hay gobiernos que enfrentan las crisis y, hay gobiernos que las convierten en oportunidad. La Ley 30-26 parece responder menos a la primera lógica que a la segunda, presentada como una respuesta urgente a la inestabilidad internacional, al alza del petróleo y al peso de los subsidios a los combustibles, la ley fue vendida al país como un sacrificio inevitable para preservar la estabilidad fiscal. El argumento oficial fue que el Estado necesitaba recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, alrededor de 0.5 % del PIB, para amortiguar el impacto de un contexto global adverso.
Sobre el papel, la explicación podía sonar razonable. El problema es que, en materia fiscal, no basta con invocar una crisis, hay que demostrar que se actúa con coherencia, con honestidad técnica y con un mínimo de autoridad moral para exigirle más a la ciudadanía. Y ahí es donde la Ley 30-26 se desploma.
Porque cuanto más se observan su contexto, la velocidad con la que fue aprobada, la conducta del Gobierno frente al gasto público y la manera en que se utilizó la narrativa de los combustibles, más difícil resulta verla como una medida de responsabilidad y más fácil entenderla como lo que parece ser, una operación de recaudación acelerada para sostener un Estado que no quiere reformarse y un poder que no está dispuesto a renunciar a sus privilegios presupuestarios.
La crisis no fue el origen, fue la excusa.
La primera pregunta que deja esta ley no es jurídica, sino política, si el petróleo era el corazón de la urgencia, por qué el Gobierno no revisó la reforma cuando la propia coyuntura comenzó a cambiar.
El proyecto fue introducido el 12 de junio de 2026 y promulgado el 18 de junio. Seis días. Seis días para depositar una reforma fiscal, empujarla por ambas cámaras y convertirla en ley. No hubo deliberación; hubo ejecución. No hubo un debate serio sobre una medida de alto impacto económico y social; hubo un trámite relámpago con el Congreso actuando menos como contrapeso institucional que como oficina de validación del Ejecutivo, quien sólo se tomó dos horas para promulgarla, una vez recibirla, lo que evidencia la urgencia que le agobia por recaudar más impuestos.
La prisa ya sería, por sí sola, un motivo de alarma. Pero lo verdaderamente revelador es que, en el mismo trayecto legislativo en que el Gobierno corría para imponer la ley, la premisa central de la urgencia comenzaba a perder fuerza. Cuando el proyecto fue depositado, el barril de petróleo rondaba los US$96.60. Cuando la ley fue promulgada, ya se situaba en torno a US$76.54. Es decir, más de 20 dólares de caída por barril en cuestión de días, justo mientras se le decía al país que no había tiempo para detenerse a pensar.
Y, sin embargo, no hubo pausa. No hubo recalibración. No hubo una explicación seria al país sobre por qué una reforma de esta magnitud seguía siendo impostergable cuando la variable que servía de coartada comenzaba a corregirse con tanta rapidez. El Gobierno actuó como si la realidad internacional dejara de importar una vez encontrada la justificación perfecta para recaudar.
Y no se trató de una improvisación. El Gobierno ya había intentado en otras ocasiones abrir paso a una reforma fiscal, pero el rechazo social y el costo político de imponerla lo obligaron a retroceder. Eso no significa que abandonara su propósito. De manera paulatina fue introduciendo aumentos y ajustes tributarios por otras vías (el aumento en la tarifa eléctrica), administrando la carga sin asumir de frente el costo político de una gran reforma. La coyuntura internacional hizo el resto: le ofreció el escenario perfecto para completar una agenda pendiente bajo el paraguas de la emergencia. La guerra, el petróleo y el discurso de la crisis no crearon la pulsión recaudatoria del Gobierno; simplemente le dieron una coartada más eficaz para ejecutarla.
Pedir sacrificios sin practicar austeridad.
Toda reforma fiscal seria necesita una base de legitimidad, que el Estado pueda pedirle más al contribuyente después de demostrar que hizo todo lo posible por corregirse a sí mismo. Eso es precisamente lo que aquí no ocurrió.
El Gobierno apeló al lenguaje del sacrificio. Habló de subsidios, de presiones externas, de responsabilidad macroeconómica. Lo que no hizo fue ofrecer una señal equivalente de austeridad. Por el contrario, la imagen que proyectó fue la de un aparato público que exige disciplina a la sociedad mientras se niega a imponérsela a sí mismo.
La nómina estatal aumentó 5.2 % en lo que va de 2026, hasta alcanzar RD$377,772.7 millones en gasto corriente. Esa cifra no es una anécdota presupuestaria, es una confesión política. Un Gobierno que se presenta ante la ciudadanía con la retórica de la emergencia no puede, al mismo tiempo, expandir con tanta naturalidad el tamaño de la maquinaria que consume recursos públicos y luego pedir comprensión cuando decide meterle la mano al bolsillo del país.
A eso se suma la percepción —cada vez más difícil de desmentir— de que mientras se hablaba de sacrificios también crecían rubros tan poco compatibles con la austeridad como la publicidad estatal y otros gastos de evidente utilidad política. El mensaje que recibe la ciudadanía es demoledor, el Estado no está dispuesto a privarse de casi nada, pero sí está perfectamente dispuesto a pedirle al contribuyente que pague la factura de esa falta de contención.
Ese es, probablemente, el vicio moral más grave de la Ley 30-26, recauda sin ejemplaridad. No le pide esfuerzo al país desde la autoridad de quien primero se apretó el cinturón; se lo pide desde la comodidad de un poder que quiere seguir gastando como antes, solo que con más dinero ajeno.
La gasolina como confesión del engaño.
Si hay un terreno donde la narrativa oficial se vuelve especialmente vulnerable, es el de los combustibles. Ahí no hacen falta grandes teorías, bastan los precios.
En enero de 2026, la gasolina premium se vendía a RD$290.10 por galón y la regular a RD$272.50. Para junio, la premium había escalado a RD$341.10 y la regular a RD$310.50. La primera aumentó RD$51.00 por galón; la segunda, RD$38.00. El patrón es demasiado claro como para fingir que no existe, a medida que el barril subía, los combustibles en República Dominicana también subían. El Gobierno, en otras palabras, sí encontró la forma de trasladar hacia el consumidor el costo del contexto internacional.
La pregunta, entonces, es tan simple como devastadora, si cuando el petróleo sube el aumento termina reflejándose en el precio local, por qué cuando el petróleo baja el alivio no se refleja con la misma velocidad ni con la misma contundencia.
Esa es la grieta de credibilidad que el Gobierno no ha podido cerrar. La población ve una política de combustibles rápida para justificar alzas y lenta hasta la exasperación para transferir alivios. Ve un Estado que convierte el petróleo caro en explicación inmediata de cualquier sacrificio, pero que no muestra la misma urgencia cuando ese mismo petróleo comienza a abaratarse. Ve, en suma, una pedagogía del abuso se enseña al ciudadano a aceptar el aumento, pero nunca a esperar la rebaja.
El ministro de Hacienda ha defendido la política oficial alegando que el Gobierno ha destinado más de RD$11,000 millones —y según el acumulado del semestre, cerca de RD$13,000 millones— al subsidio de combustibles, incluso con un barril alrededor de US$65. Pero ese argumento, lejos de clausurar la discusión, la agrava. Porque si aun con un barril a US$65 el Gobierno asegura que el sacrificio fiscal era tan elevado, entonces el ciudadano tiene derecho a preguntarse si el subsidio se está usando para protegerlo o para blindar políticamente un esquema de precios opaco, discrecional y funcional a la recaudación.
La sospecha es legítima, cuando el petróleo sube, el Gobierno socializa el costo; cuando el petróleo baja, administra el alivio con una lentitud sospechosamente útil. Y en el medio aparece una reforma fiscal aprobada a la carrera, como si la población tuviera que pagar no solo el barril caro, sino también la incapacidad del Estado para renunciar a su voracidad recaudatoria.
La clase media vuelve a pagar la factura.
El Gobierno ha intentado vender la Ley 30-26 bajo un envoltorio moralmente cómodo, que paguen más los que más tienen. Es una frase eficaz para el discurso, pero profundamente engañosa para la economía real.
En la República Dominicana, la clase media es el sujeto fiscal más fácil de exprimir. Es la que trabaja en la formalidad, la que declara, la que consume dentro del sistema, la que no puede esconder ingresos ni negociar privilegios. Es la que paga el ITBIS cuando compra, la que soporta retenciones, la que financia al Estado por la vía visible y la invisible. Es, en términos prácticos, la caja registradora más confiable del poder.
Por eso la gran mentira de esta ley no está necesariamente en su redacción, sino en su relato. Porque, aunque el impuesto se anuncie sobre grandes contribuyentes o empresas, eso no significa que el costo económico se quedará allí. En una economía donde los actores dominantes tienen margen para trasladar costos, presionar suplidores o reajustar precios, la idea de que el golpe no terminará salpicando al consumidor y a la clase media es, como mínimo, una ingenuidad; como máximo, una manipulación deliberada.
La clase media dominicana no solo paga impuestos directos o indirectos. También paga la inflación, paga el encarecimiento del transporte, paga la transferencia silenciosa de costos en bienes y servicios, paga la expansión del Estado cuando ese Estado decide no reformarse. Y eso es precisamente lo que vuelve tan cínica la narrativa de la Ley 30-26. Se presenta como una corrección progresiva, pero amenaza con convertirse, una vez más, en un mecanismo para que la factura termine cayendo sobre el mismo segmento que siempre termina absorbiendo los errores del sistema.
Una aprobación exprés para evitar el debate.
La forma en que se aprobó esta ley no es un detalle de procedimiento. Es parte del problema. Una reforma tributaria con impacto económico, social y político no puede despacharse como si fuera una circular administrativa. No puede entrar al Congreso, cruzar ambas cámaras y salir convertida en ley en menos de una semana sin que eso encienda una alarma democrática seria.
Lo ocurrido entre el 12 y el 18 de junio no fue eficiencia institucional. Fue otra cosa, la prisa como método para evitar el debate. Fue la decisión de reducir al mínimo el tiempo de escrutinio, de impedir que madurara la oposición social y de bloquear una discusión pública más amplia sobre la necesidad real de la reforma, su oportunidad, su justicia distributiva y sus implicaciones sobre el costo de vida.
Si partidos de oposición, economistas, sectores sociales y ciudadanos estaban pidiendo una pausa, una revisión o incluso el retiro del proyecto; si el principal argumento coyuntural —el petróleo— ya mostraba señales de corrección; si el país tenía derecho a entender por qué debía aceptar un nuevo sacrificio, entonces el Gobierno tenía dos caminos, abrir el debate o imponer la ley. Escogió lo segundo.
Y esa decisión no es neutra. Revela una forma de gobernar. La de un poder que prefiere atropellar la deliberación antes que arriesgar la recaudación. La de un Congreso que no discute, sino que tramita. La de una mayoría oficialista que convierte la velocidad en un instrumento de disciplina política y la urgencia en una licencia para no escuchar.
No fue una reforma del Estado; fue un salvavidas del poder
La Ley 30-26 no parece diseñada para racionalizar el gasto, desmontar privilegios, podar burocracia, revisar subsidios ineficientes o reconstruir la confianza fiscal entre Estado y ciudadanía. Parece diseñada para algo mucho más prosaico y mucho más brutal: garantizarle al Gobierno recursos frescos sin obligarlo a modificar la conducta que lo llevó a necesitarlos.
No es una ley de reforma estatal. Es una ley de preservación del statu quo presupuestario. No ataca el despilfarro: lo financia. No nace de la lógica de “voy a recortar mis excesos y luego le pediré un esfuerzo al país”; nace de la lógica opuesta, “voy a cobrar primero y ya después veré si me conviene corregirme”.
Por eso el problema de fondo no es únicamente cuánto recauda, ni siquiera a quién grava formalmente. El problema de fondo es que consolida una idea peligrosa de Estado, la de un poder que, cuando enfrenta tensiones fiscales, no empieza por revisar su tamaño, su nómina, su propaganda, sus privilegios o sus ineficiencias, sino por buscar la forma más rápida de trasladar el costo hacia abajo.
Y en una democracia cansada de pagar sin recibir un Estado mejor a cambio, eso ya no puede llamarse responsabilidad fiscal. Tiene un nombre mucho menos noble: abuso.
Una ley para salvar al Gobierno del costo de reformarse.
La Ley 30-26 no retrata a un Gobierno enfrentando con valentía una crisis internacional. Retrata a un Gobierno usando la crisis como coartada para no enfrentar su propia deformación presupuestaria.
Si el petróleo sube, el pueblo debe entender. Si la guerra encarece los subsidios, el pueblo debe sacrificarse. Si las finanzas públicas se tensan, el pueblo debe aportar.
Pero si el petróleo cae de US$96.60 a US$76.54 mientras el proyecto cruza el Congreso; si la gasolina premium pasa de RD$290.10 a RD$341.10 y la regular de RD$272.50 a RD$310.50 en apenas meses; si la nómina pública sube hasta RD$377,772.7 millones; si el Gobierno busca entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales sin exhibir una poda equivalente de su propio gasto; si el proyecto se introduce el 12 de junio y se convierte en ley el 18 de junio con una velocidad obscena, entonces ya no estamos ante una política de responsabilidad fiscal. Estamos ante otra cosa, un Estado que le cobra a la sociedad el precio de no querer reformarse a sí mismo.
Ese es el verdadero escándalo de la Ley 30-26. No solo que recaude más. No solo que haya sido aprobada como un asalto legislativo. No solo que amenace, una vez más, a la clase media que sostiene la formalidad tributaria del país.
El verdadero escándalo es que se le haya exigido sacrificio a la ciudadanía sin haberle exigido primero vergüenza presupuestaria al poder.
Porque, al final, esta ley no parece una respuesta a la crisis. Parece algo más viejo y reconocible en la historia dominicana, el uso del miedo para recaudar, de la urgencia para atropellar y del contribuyente para financiar lo que el Estado se niega a corregir.
No fue una reforma para salvar al país del petróleo caro. Fue una reforma para salvar al Gobierno del costo de reformar al propio Gobierno.
Por Francisco Ventura.
