El privilegio que otorga la ley 50 de fecha 9 de noviembre del l966, otorgándole a los legisladores la posibilidad de importar dos vehículos exonerados de impuestos, se ha convertido en caldo de discordia en diversos sectores nacionales y entre los mismos legisladores.
Las constantes denuncias de uso inadecuado de las exoneraciones que van desde comprar vehículos de alta gama para revenderlos, no reportarlos en declaraciones juradas, hasta utilizar ese privilegio para beneficiar a terceras personas, han terminado por crear un ambiente favorable a la derogación de la mencionada ley.
En el barullo creado, algunos legisladores tratan de congraciarse con la opinión pública, y en el caso del Senado, existen por lo menos dos iniciativas tendentes a producir cambios o derogar la ley 50, lo que ha desatado la irritación generalizada en los diputados de las diversas bancadas contra los senadores.
Las discrepancias con las exoneraciones se han extendido a otros estamentos beneficiados por las mismas, como diplomáticos, jueces, guardias, policías o funcionarios gubernamentales, mientras los diputados exigen que si se acaban las exoneraciones, también termine el millonario fondo de asistencia social del Senado, conocido como «el barrilito».
El presidente Abinader, que navega en aguas turbulentas por la negativa a cambiar la ley por parte de la mayoría de legisladores, incluyendo a los de su propio partido, ha ofrecido la salida salomónica de limitar las exoneraciones a sólo una durante cuatro años y el monto límite que esa ley pueda cubrir para evitar la importación de vehículos de alta gama.
La interrogante que flota en el aire es, ¿Cuál será la nueva crisis nacional cuando la discordia por las exoneraciones termine?
