Por definición, el Ministerio Público (MP), es la institución del Estado encargada de elaborar y dirigir la política contra los transgresores del ordenamiento legal dominicano, y esas funciones las realizan en representación de la sociedad, es decir, es al Ministerio Público a quien le corresponde la defensa del interés público, sin rehuir bajo ninguna circunstancias ese mandato.
Por lo antes dicho, resulta extraño, que el Director General de Migración (DGM), Venancio Alcántara Valdés haya recurrido a los medios de comunicación para quejarse amargamente del poco apoyo que recibe la dirección que dirige del Ministerio Público encabezado por Miriam Germán Brito, en algunos operativos migratorios contra extranjeros indocumentados.
No sabemos si el director migratorio intentó reunirse con la Procuradora para plantearle de manera interna casos concretos, con evidencias en manos, en los que la DGM sufrió el desamparo o renuencia de miembros del MP, aunque Alcántara Valdés mencionó el caso puntual de cuando necesitan penetrar a viviendas o propiedades que acogen a indocumentados.
La procuradora Germán Brito refutó las palabras de Alcántara, afirmando que el Ministerio Público está siempre presto a respaldar a la DGM en sus operativos cada vez que se requiere, pero esta pugna, genera un innecesario dime y direte que no aporta en el trabajo unificado y fluido de estas dos importantes entidades del Estado cuyo labor es aplicar las normas jurídicas.
Lo recomendable, es reunirse para limar asperezas y coordinar las acciones migratorias en los que se requiera la presencia de procuradores fiscales, porque cuando se trate de detener a cualquier persona que infrinja las leyes sean penales o migratorias, debe hacerse siguiendo los preceptos vigentes, cumpliendo el debido proceso, porque no somos Haití.
