La decisión de contratar a la prestigiosa firma estadounidense Sargent and Lundi para realizar una auditoría técnico forense a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPT), es un trago amargo, pero necesario para abordar la problemática de una estructura, en cuyo funcionamiento el pueblo depositó tantas esperanzas de disminución en las interrupciones eléctricas.
El tiempo llegó en el que las mutuas acusaciones de incapacidad gerencial, improvisaciones y malos manejos entre el ex administrador de la Central, Jaime Aristy Escuder y el actual ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, den paso a pesquisas imparciales, que determinen si el diseño, construcción y operación de la Central fueron realizados de acuerdo a los estándares que rigen obras de esa magnitud.
La firma Sargent and Lundi, es reconocida internacionalmente, con una experiencia combinada que supera los 200 años en consultorías, operaciones, transmisión, seguridad física y cibernética, así como auditorías técnicas y construcciones de Centrales de energía, por tanto, difícilmente se prestarán a distorsionar los hallazgos de su experticia en favor de las presentes o previas gestiones de esa estructura.
Es ya muy evidente que los problemas de Punta Catalina sobrepasan las acusaciones de haber desmantelado al equipo profesional entrenado durante 3 años por la General Electric (GE) y sustituido por un personal sin entrenamiento apropiado o a la tardanza para firmar los contratos de obtención de repuestos o carbón para las operaciones de la planta, o los señalamientos de supuestos sabotajes promovidos por gestiones pasadas.
Las complejidades y fallas recurrentes de Punta Catalina mantienen al pueblo desesperado, debido a los cortes eléctricos en una Central que pierde casi un millón de dólares diarios cuando eso ocurre, lo cual contribuye a incrementar una interminable hemorragia de recursos aportados a esta costosa estructura, sin que los beneficios prometidos hayan podido reflejarse en los bolsillos de los ciudadanos.
