El incendio forestal que afectó la parte Oeste del Parque Nacional Valle Nuevo y sofocado gracias al arduo trabajo de más de cien bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente e incontables voluntarios residentes en las zonas cercanas al siniestro, tal como se pensaba fue el resultado una acción perpetrada intencionalmente.
Pese a ser advertido de no usar fuego en la zona de amortiguamiento en el área de Agua de Las Piedras en la provincia de Azua, un irresponsable delincuente ambiental ya apresado, comenzó adrede el fuego, buscando liberar arbustos y árboles para extender el terreno y dedicarse al conuquismo ilegal en los bordes o dentro del del Parque.
El de Valle Nuevo se suma a los incendios forestales ocurrido en las últimas dos semanas, uno en Guaigüi y otro en la Sierra de Bahoruco, en las ciudades de La Vega y Barahona, todos presentan evidencias irrefutables de intervención humana.
Los daños ambientales que provocan esos incendios son colosales porque además de las miles de tareas afectadas con las consecuencias funestas que en lo inmediato implican las humaredas, subyace un peligro real para los habitantes en las comunidades aledañas, así como la destrucción del ecosistema, cuya reposición toma varias décadas conseguir.
Estos incendios forestales dejan al descubierto una escasa vigilancia de las zonas protegidas del país, evidencian la necesidad de adquirir equipos modernos y ofrecerles constante entrenamiento de personal especializado en combatir esos siniestros, pero también muestra un marco legal inadecuado, que no sanciona con severidad la los desaprensivos dedicados a esa actividad criminal.
