La denuncia interpuesta por los nacionales cubanos residentes en Estados Unidos, José Alberto Méndez y Dari Martí Ballero, sobre un esquema de extorsión, soborno y secuestro de sus esposas e hijas, es una acusación muy grave que amerita ser abordada hasta sus últimas consecuencias por las autoridades.
Esto así, porque los acusados principales de cometer los supuestos hechos son nada más y nada menos que el encargado de la Dirección General de Migración en Jimaní, Roberto Méndez Pérez y el Inspector de Migración, Yonatán Castillo Rosario, entre otras personas nombradas en el acta levantada al efecto por la Policía Nacional.
Según lo expresado, ellos habían pagado para trasladar a sus esposa e hijas desde Haití, hacia el lado dominicano, para lo cual entregaron 5,200 dólares, por el trasiego ilegal de las personas utilizando el lago Azuey, fuera de los puntos autorizados de entrada al país establecidos por la Dirección General de Migración en una típica operación de trata de personas indocumentadas.
Si las investigaciones determinan que los oficiales de Migración junto a al resto de implicados incluyendo a un «buscón» Haitiano alias «Yefo», agregaron a los hechos mencionados el secuestro de las mujeres para exigir más dinero, se pone al descubierto una red de extorsión, sobornos y trata de personas, orquestada por aquellos que deberían ser la primera línea de defensa de las fronteras nacionales.
No está claro por demás, el futuro migratorio de las esposas e hijas de los Cubanos denunciantes, pues deben estar sujetas a las mismas reglas aplicadas a cualquier persona que ingrese al país sin los documentos requeridos y tampoco puede decirse que los esposos, son inocentes angelitos, pues violaron doblemente las leyes dominicanas ,al sobornar autoridades y al constituirse en cómplices de tráfico y trata de personas, condenado por normas nacionales y también en Estados Unidos, en donde residen ambos denunciantes.
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