Desde el final de la tiranía de Trujillo, el pueblo dominicano ha sido testigo de eventos desagradables aun no cicatrizados, que han tocado muy profundo a los cuerpos armados de la Republica Dominicana.
Los recientes escándalos deben llamar la atención de todos, luego del testimonio de uno de los imputados del caso Coral, el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Los dominicanos recuerdan, uno más que otros, el año 1961, cuando en el mes de noviembre, se produjeron las graves acusaciones y contra acusaciones de oficiales a la figura del secretario de las Fuerzas Armadas, de entonces, donde quedó evidenciado que la praxis de espíritu de disciplina y lealtad, que les profesan los subalternos a los superiores, fue sepultado desde esas disputas castrenses.
En una carta que se había infiltrado en la prensa local e internacional, se señalaba que varios oficiales presentaron renuncias colectivas con efectividad al 2 de diciembre, 1961, los tenientes coroneles José Nelton González, Raymundo Polanco Alegría, Manuel Ramón Duran y los capitanes José Francisco Rodríguez Núñez, Odalix Cruz Ventura y el primer teniente Francisco Rodríguez Conde.
En esa carta pública, dirigida al secretario de las Fuerzas Armadas, los renunciantes, le censuraban al mayor general Rodríguez Echevarría “su deseo de acaparar puestos claves para beneficio suyos de sus familiares y protegidos, con el fin de controlar directamente los diversos aspectos de la vida nacional, entre otras aseveraciones”.
En el año 1962, el 5 de enero, oficiales pilotos de la Aviación Militar Dominicana, capitán piloto Enrique Prestol Castillo, segundo teniente Octavio Rafael Alba Minaya y el segundo teniente Eddy Francisco Tineo , dirigieron carta al honorable Consejo de Estado, solicitando la renuncia del mayor general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echevarría del cargo de secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, acusándole de “continuador del régimen autocrático que impero en las Fuerzas Armadas en el negro periodo de la historia nacional que creemos ya liquidada”.
El mayor general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echevarría, fijo su posición en conferencia de prensa el lunes 8 de enero, en la Base Aérea de San Isidro: “los renunciantes oficiales Prestol, Alba y Tineo, como las anteriores encabezadas por el general de brigada Andrés Alfonso Rodríguez Méndez, forman parte de ese plan, encaminado a crear confusión entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Los oficiales que pidieron su separación, se le subieron los humos a la cabeza al ofrecerles el comunismo dinero para que renunciaran en esa forma”.
El periódico El Caribe del domingo 14 de enero 1962, publicó un comunicado del Alto Mando de las Fuerzas Armadas sobre información de la conformación de un complot de miembros de la Marina de Guerra, en la que resalta: “los militares comprometidos, según se ha comprobado, son reaccionarios trujillistas muy vinculados a determinados personaros del antiguo régimen, y, a elementos oposicionistas.
El propósito de este complot, según se desprende de los elementos compilados en el mismo, era restaurar un gobierno favorable a los familiares de Trujillo residentes en el exterior”.
Ese mismo día, domingo 14, el sargento Federico E. Carvajal Carrasco, de la Marina de Guerra, hizo llegar otra carta al periódico El Caribe, en la que señala: “El grupo de oficiales y clases de la Marina que ha sido detenidos bajo la acusación de formar parte de un complot, representa a más de 700 personas y lo único que trataba, era la destitución de Rodríguez Echevarría como secretario de las Fuerzas Armadas”.
En los subsiguientes años, donde se creía que ya los cuerpos castrenses habían superado las disputas internas, el país siguió secuelas de intranquilidad, de sobresaltos.
La prensa dedicaba coberturas a posibles enemistades entre los jefes militares de los 12 años de gobierno de Joaquín Antonio Balaguer, los grupos de militares relacionados con el general Enrique Pérez y Pérez y el general Neit Nivar Seijas.
En la historia reciente todos recuerdan el sometimiento del mayor general Manuel Antonio Cuervo Gómez, quien se desempeñó como jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, del 16 de agosto de 1982 al 16 de agosto de 1986, a quien la justicia dominicana juzgó y condenó a 20 años de prisión en 1991 por desfalco contra el Estado y otros actos de corrupción, luego de enramar junto al entonces presidente, compras irregulares en el Ejército dominicano.
Otro escándalo que tuvo grandes repercusiones donde se involucraba personal policial y militar, lo fue el sonado caso de Paya, Baní, en el mes de agosto del 2008, donde la fiscalía acuso a varios agentes de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra (Armada Dominicana), de ejecutar siete extranjeros vinculados al narcotráfico para quitarles la droga que transportaban y el dinero que llevaban.
Por el caso fueron condenados 25 personas, entre ellos los entonces capitanes de fragata, Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo, el ex capitán de corbeta, Roberto Augusto Peña Valdez y los ex tenientes de navío, Jesús Sánchez Piña, Jorge Luis Chalas Jorge y Edward Mayobanex Rodríguez Montero, además del ex alférez de navío, Andrés Tapia Balbuena y el sargento Antonio Manuel Roche Pineda.
A penas hace unos años, otro escándalo involucra miembros de Fuerza Aérea, mayor general retirado y ex ministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel y ex director de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (,Carlos Piccini Núñez, ambos fueron enviados a juicio de fondo,en marzo de este año, acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como suplidora de ocho aviones Super Tucano para el Ministerio de Defensa durante el 2010.
Ahora, sale otro escándalo que la Procuraduría General de la República ha denominado Operación Antipulpo dada la dinámica de la operatividad que utilizaban las distintas redes criminales en las que se han podido identificar factores comunes, en lo que respecta a su autor central, en algunos casos por acción y en otros con una dinámica típica del autor mediático.
Uno de los tentáculos militares y policiales de este entramado criminal cometía acciones directas, y en otras ocasiones su autor, aprovechando sus funciones, cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves.
Los imputados crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social, a través de dadivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado.
La Procuraduría se refiere al imputado mayor general del Ejercito de la República Dominicana, Adán Benoni Cáceres Silvestre, quien desde el 25 de septiembre del año 2004 estuvo asignado a la seguridad del hoy ex presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, siendo ascendido al rango de general de brigada el 15 de agosto del 2012, día después es ascendido al rango de mayor general y nombrado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), posición que ocupó durante 8 años, específicamente hasta el 16 de agosto del 2020.
Todos estos sonados casos, y otros no mencionados, es para pensar en la gravedad de lo sucedido para la nación, y, el gobierno debería casarse con la gloria, e iniciar desde ya, la inclusión en su portafolio del “cambio” el relevo generacional en nuestros cuerpos armados, sacar a los políticos, comerciantes y hasta religiosos, de las Fuerzas Armadas, y aquí cabe recordar lo dicho por extinto ex presidente de la República, Joaquín Balaguer Ricardo, cuando dijo, “es preciso que los cuerpos castrenses sean esencialmente apolítico y que se limiten a la esfera de su competencia; pero no es menos necesario que se evite toda injerencia política en ellos, porque de lo contrario, el país sería conducido inevitablemente a la anarquía.”. ¿Quién podrás defendernos si continuamos así?
