Ya estamos casi a mitad del 2023, y los datos del X Censo Nacional de Población y Familia celebrados a finales del 2022 nadie los conoce, pues en cada oportunidad que se anuncia una fecha para presentar los hallazgos, al final una retahíla de posposiciones adornadas con una sarta de excusas baladíes, es el resultado.
En ese desastre, que costó más de 3,600 millones de pesos, las improvisaciones y fallas no cesaron, pues para empezar, los empadronadores no fueron debidamente entrenados en el manejo de los equipos digitales otorgados y tampoco se conectaban a la redes como estaba previsto.
La Oficina Nacional de Estadística (ONE), el director del Censo, Víctor Romero, y los asesores del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), no dan pie con bola en las diferentes fechas ofrecidas para ofrecer los benditos datos, justificando la tardanza con una supuesta validación y concordancia de las estructuras de la información obtenida.
Es indignante además, que a estas alturas cientos de empadronadores, supervisores de polígonos y soportes técnicos no han recibido un centavo por una labor en la cual muchos de ellos expusieron su seguridad personal al adentrarse a lugares en donde la delincuencia campea por sus fueros, para cumplir con su trabajo.
La paciencia de la población hace rato llegó al límite y por tanto exigimos a la ONE y al director del Censo asumir la responsabilidad y decirle al pueblo la verdad sobre el despilfarro inútil de 3,600 millones de pesos en un Censo que se suponía vital para la elaboración de políticas públicas, pero que terminó en un rotundo fracaso.
