Mientras la pandemia del coronavirus arropa con su manto tenebroso a la humanidad y en concreto a nuestro país, causando un descalabro financiero para la inmensa mayoría de la población local, un grupo de empresas y personas continúan engrosando sus fortunas millonarias, catapultadas por las necesidades imperiosas de los demás.
Ejemplo palpable de lo expresado, lo constituye, los dos o tres laboratorios nacionales que controlan el precio de las pruebas realizadas para confirmar la positividad o negatividad al covid-19, pues estos negocios aplican sobreprecios desmedidos para realizar las pruebas en cuestión, sin que absolutamente ninguna autoridad detenga este atropello.
El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, explicó que el Estado compra las pruebas rápidas de antígenos a 3 dólares y las de Reacción en Cadena de la Polimerasa (Polymerase Chain Reaction) -PCR- son obtenidas a 10 dólares la unidad, pero tengamos en cuenta que el gobierno las compra a intermediarios internacionales que también tienen un margen de ganancias por las ventas.
Sin embargo, los dos o tres grandes laboratorios dominicanos, venden las pruebas rápidas entre 33 y 35 dólares, mientras que las PCR se adquieren entre 79 y 85 dólares con lo cual se evidencia el excesivo costo que pagamos los ciudadanos por una prueba, imagínese usted cuando una persona requiere hacerse varias pruebas para confirmar el diagnóstico.
El atraco de los laboratorios con las pruebas del covid-19, necesita ser resuelto, facilitando el acceso a las mismas, aunque el gobierno las obtenga y las revenda al mismo precio a las clínicas, hospitales y farmacias, porque esos altos precios de los laboratorios tienen un impacto en la imposibilidad de muchos ciudadanos de confirmar la positividad, y por tanto continúan contagiando sin saberlo.
El Ministerio de Salud Pública no está en capacidad de garantizar un acceso acelerado a las pruebas en sus espacios, pues todos conocemos el viacrucis infernal por el cual atraviesa cualquier interesado en hacerse la prueba y para recibir la respuesta de parte del sistema público, de manera tal, que se requiere una intervención del Estado para obligar a los laboratorios a bajar los precios, al tiempo de aplicar estrategias de acceso veloz y general a las pruebas, para identificar y tratar a los contagiados con rapidez.
