El aumento en un 27% de quisqueyanos removidos de varios países pero principalmente desde Estados Unidos y Puerto Rico, es un llamado a que los protocolos de recibimiento y apoyo gubernamental para la reinserción de esos casi 3 mil compatriotas deportados en lo que va del 2023, sean energizados con la finalidad de lograr su rápida asimilación en la sociedad.
Los deportados llegan estigmatizados, debido a los estereotipos que presentan a esas personas como criminales peligrosos o lacras humanas sumidos en el alcohol y las drogas. En ocasiones sus propias familias les dan las espaldas cuando llegan inestables, sin recursos y con la mala fama de haber sido expulsados de otros países.
Sin embargo, ningún estudio científico realizado hasta el momento en la República Dominicana, ubica a los repatriados como una causa directa del incremento en las actividades delictivas y las estadísticas policiales establecen que un porcentaje muy pequeño de los deportados reinciden en acciones violatoria a las leyes.
La multiplicación por 4 de la cantidad de repatriados desde Estados Unidos con respecto al año pasado, (736), necesita respuestas y protocolos de asistencia laboral, técnica, educativa, sicológica y de otras índoles establecidos en completa coordinación entre las instituciones del Estado relacionadas con este asunto, porque albergar esperanzas con respecto a la disminución futura de la cantidad de deportados es una falsa ilusión.
Muchos de los repatriados vienen con conocimientos profesionales, técnicos, lingüísticos y prácticos que pueden ser utilizados por empresas privadas, pero a causa del historial negativo, la incorporación al trabajo productivo les es vedado, por eso el Estado requiere abrirles el camino a esos compatriotas, ofreciéndoles una segunda oportunidad de redimirse, levantarse y, reconstruir sus vidas.
