Durante la comparecencia en una comisión senatorial interesada en conocer los pormenores de las dificultades que presenta el programa social, conocido como Supérate, la directora de ese subsidio gubernamental, Gloria Reyes, ofreció datos sobre anomalías espeluznantes detectadas en el corto plazo de febrero a mayo del año 2022.
Informó la funcionaria, que durante ese abrir y cerrar de ojos, se denunciaron 95 mil posibles fraudes, que la Administradora de Servicios Sociales (ADESS), hizo público -agregamos nosotros- cuando ya una friolera millonaria de pesos los maleantes habían emborsillándose.
Quizás la pregunta más importante que revolotea las cabezas de los enfurecidos ciudadanos es la respuesta a la manera masiva y rápida como los delincuentes pudieron hacerse con tantos millones perteneciente a las ayudas destinadas a personas de escasos recursos, sin que ningún ejecutivo alto o mediano del programa haya sido acusado de complicidad hasta el momento.
La amplitud del fraude evidencia una red bien organizada con capacidad de elaborar formas de burlar las medidas de monitoreo, revisión y fortalecimiento tecnológico implementadas ahora por el programa Supérate, si existe colaboración entre los pillos con individuos dentro de la estructura y funcionamiento del programa.
La decisión de prohibir el uso de la cédula de identificación personal por la tarjeta perteneciente al programa es buena, pues evitará que muchos desaprensivos utilicen los números de ese documento para junto a comerciantes inescrupulosos robar los recursos ofrecidos a sectores socialmente vulnerables para que puedan subsistir los embates de la profunda crisis económica.
