La intención expresada por incumbentes del próximo Gobierno, en el sentido de que serán eliminadas la celebre Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), mientras otras instituciones serán fusionadas o reestructuradas como ya se ha dicho será el caso del Consejo Estatal del Azúcar, y Bienes Nacionales, es una demanda imperiosa del país.
Los dominicanos que han tenido la oportunidad de visitar o vivir en algunos países que poseen respeto a la institucionalidad pueden atestiguar la profesionalidad, presteza y transparencia con la que se realizan los servicios públicos y obras gubernamentales en esos lares, a diferencia de la realidad existente en esta media isla.
Quizás la última venganza de Rafael Leónidas Trujillo refrendada por Joaquín Balaguer contra el progreso nacional fue continuar la creación y multiplicación a diestra y siniestra de entidades burocráticas innecesarias, muchas veces con el único propósito de pagar favores políticos, propiciando la corruptela y el enriquecimiento ilícito.
No hay justificación posible para sostener dos o tres instituciones diferentes y paralelas con una abultada nómina de millones de pesos que manejen construcciones públicas, tránsito vehicular, política energética u otras trascendentes funciones del Estado, sin ninguna coordinación y contrapuestas entre sí. Probablemente quienes disfrutan desangrando el erario público pueden hallarle algún sentido, nosotros no lo vemos.
Liberar al Estado dominicano de los pesados lastres y trabas burocráticas que afectan a la población es un esfuerzo necesario en el que los ciudadanos precisamos involucrarnos e impulsar, pues es la manera de hacer avanzar al elefante blanco que es hoy el Estado hacia el siglo 21,de cara al ansiado progreso nacional.
