Los dominicanos acogimos con júbilo cuando en el 2013 se materializó el otorgamiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) al Ministerio de Educación, pues la idea generalizada era que, con esa cantidad enorme de recursos, las escuelas dominicanas se transformarían en centros de enseñanzas preparados para competir con países desarrollados en la formación de los educandos.
Mejores espacios físicos, programas acordes a las realidades internacionales, maestros en plena capacidad para conducir a los alumnos hacia metas superiores cada año, incrementos sostenidos en la calidad del aprendizaje al implementar jornadas de tandas extendidas y el acceso a materiales educativos y tecnología en consonancia con didáctica avanzada, pero también, muchos pensamos que la disciplina y el respeto en los centros educativos, iba a ser la norma.
El paso del tiempo nos hizo despertar a la cruda realidad de calificaciones deficientes, falta de aulas, escuelas desvencijadas, carencias de materiales gastables, equipamientos y a partir de encuestas realizadas por la Iniciativa para una Educación de Calidad (IDEC), al medirse los resultados educativos dominicanos, los números muestran que están por debajo de la mayoría de los países de América Latina.
En lo que sí se destacan las escuelas dominicanas, es en el uso de drogas, agresiones, acosos, publicaciones de actos sexuales degradantes, conflictos grupales o golpeaduras y amenazas incluyendo agresiones física contras los profesores, que según la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) superó el año pasado las 1,724 agresiones contra el personal educativo, llevadas a cabo por estudiantes o familiares de éstos.
Las autoridades escolares y los educadores están con las manos atadas frente al desorden imperante en las escuelas dominicanas, por la imposibilidad de imponer reglas estrictas de disciplina que incluyan la terapia obligatoria o expulsión de los estudiantes violentos, pues el Código del Menor, el Consejo para la Niñez (CONANI) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), limitan o rechazan un régimen drástico de consecuencias para los «menores» agresores.
