Una guerrita explotará muy pronto entre los promotores de juegos de azar regulados y las bancas de apuestas ilegales, sin los permisos requeridos para operar, que no pagan impuestos al Estado, pero además son medios de lavado de activos, pues al operar fuera del sistema de control no hay tampoco manera de fiscalizar el origen de las grandes sumas de dinero que circula en esos negocios.
Según la denuncia del abogado José Castillo, durante un sondeo de investigación de las bancas de loterías y apuestas en el territorio nacional, se contabilizaron 71,902 bancas, con unas 30,974 establecidas legalmente y la extraordinaria cifra de más de 40 mil bancas operando al margen de la ley, sin regulación ni seguimiento de sus operaciones.
Esta situación mantiene fricciones entre los dueños de bancas que cumplen con la ley y pagan impuestos al Estado y la otra mitad de banqueros que operan violando el marco jurídico establecido para esas instituciones, y seguramente el lector se preguntará los motivos por las cuales esas 40 mil bancas de juego de azar ilegales no son multadas y cerradas hasta que se sometan a los requerimientos del sector.
La respuesta es que, diputados, senadores, funcionarios, influyentes políticos y personas con mucho poder económico de anteriores y de la presente administración son los propietarios de las mayorías de bancas irregulares, que no cumplen con su aporte al fisco, mientras los dueños de las bancas reguladas son víctimas de una competencia desigual y discriminatoria que ha ido generando un creciente malestar que se desbordará muy pronto.
