El designado director del Cestur, general Minoru Matsunaga inició cambios en la institución, entre ellos el nombre del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, “Cestur”, por el de Politur, acogiéndose al artículo 37, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional”, la número 590-16, que denomina la citada dependencia como Dirección Central de Policía de Turismo “Politur”,
Para dar inicio a su administración, en su primera fase, comenzó la colocación de policías en los puestos ocupados por años por miembros de los cuerpos castrenses, decisión administrativa, que, según informaciones llegadas a esta redacción, no le gustó al director de la Policía Nacional mayor general, Edward Ramón Sánchez González.
Los cuerpos castrenses les han cedido provisionalmente la dirección de ese Cuerpo, para mantenerse en un bajo perfil, tras el escándalo de la anterior administración.
Sin embargo, ya la uniformada está enviando un mal mensaje, que pone en dudas que pueda mantener el control total del organismo, a sabiendas que los cuerpos armados estarán pendientes de futuras torpezas administrativas para iniciar nuevamente el control de esa apetitosa institución.
Desde ya se vislumbra una lucha por el control de la entidad, porque los observadores y quienes patrocinaron y defienden la actual dirección policial, califican como una jugada para controlar a Politur, la decisión del director general de la Policía, que mediante memorándum enviado al general Minoru Matsunaga, le solicita que se abstenga de designar personal policial, sin antes pedirle permiso por escrito.
Uno de los tantos problemas de la Policía, es que no sabe aprovechar las coyunturas que podrían ayudar a la institución a pararse de sus tropezones, y esa comunicación del 19 de mayo, 2021, marcada con el numero 155-67, de la oficina del director general, nunca debió salir de ahí.
Con dicha decisión, lo que se observa es un pugilato por el control presupuestario, porque el general Matsunaga no pertenece al grupo del director de la Policía Nacional, y según informaciones a la que tuvo acceso este medio de comunicación, el director de la Policía Nacional quería en Politur a alguien de su entorno o de su antecesor Ney Aldrin Bautista Almonte.
Para no provocar la situación, sólo bastaba que, entre ambos actores, amigos, si es que cabe el termino, se realizara en privado un dialogo respetuoso, sincero y franco sobre esos nombramientos, y no desautorizar públicamente a Matsunaga de sus “buenas intenciones”.
El conflicto originado podría ser aprovechado por quienes desean vender al poder político de turno, incluyendo al ministro de Turismo David Collado, quien lucho contra vientos y mareas, para mantener en el cargo al general Juan Carlos Torres Robiou, que los hombres de la Policía Nacional no saben guardar las apariencias, no se ayudan, no se gustan, y que disfrutan cuando uno de los suyos se “calienta”.
A partir de esa desautorización pública, solo le queda al general Minoru Matsunaga, que el presidente Abinader interceda a través del ministro de Interior y Policía, para buscar un ambiente conveniente de trabajo en equipo, porque de no ser así, quedaría sin funciones que ejercer, solamente dar el frente protocolar en la Dirección Central de Policía de Turismo, “Politur”, quedando con las manos atadas para ejercer una dirección y administración eficiente, porque estaría bajo la dirección del mayor general Edward Ramón Sánchez González.
Porque aquí, lo que debe importar, en este momento, es hacer de Politur, una institución confiable y eficiente, y que los policías, desde el más pequeño hasta el más encumbrado, trabajen en consonancia al plan del gobierno central.
Las diferencias personales o profesionales, por intereses particulares, tienen que ser apartadas del funcionamiento de las instituciones de seguridad del Estado, en el caso en cuestión, para que la Policía Nacional pueda trillar su visión de “ser reconocida como la institución creada para garantizar la seguridad ciudadana, mediante una labor profesional competente, confiable, transparente y efectiva, sustentada en el apoyo y la colaboración de la comunidad; comprometida con la Constitución, y las leyes para la convivencia pacífica “.
