Los operativos y órdenes judiciales en contra de ex funcionarios de la anterior gestión gubernamental confirman las palabras del director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, en el sentido de que faltan todavía acciones en referencia a decenas de expedientes abiertos contra ex incumbentes estatales.
Proseguiremos entonces, observando en los próximos días un incremento en la cantidad de implicados en malversar fondos públicos, mientras crecerá el interés de la ciudadanía por conocer los detalles de las alegaciones, en tanto, los defensores y representantes de los procesados también harán su parte.
La batalla mediática apenas inicia.
Es importante para el Ministerio Público, a sabiendas de que existe una población expectante en torno a los posibles desenlaces judiciales, seguir al dedillo los principios y procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal, especialmente los concernientes a la personalidad de la persecución, la formulación precisa de cargos, la legalidad de las pruebas obtenidas, entre otras medidas cruciales para un juicios de fondo.
Al utilizar las herramientas contra los hechos punibles tal como lo establecen las leyes, el Ministerio Público se asegura de preparar expedientes sólidos en la jurisdicción de juicio, de manera que los jueces destinados a conocer el fondo de las acusaciones, no encuentren fallos y lagunas en los expedientes, que sin duda serán utilizadas por las barras de defensas en su estrategia de minimizar y desacreditar las alegaciones.
El objetivo de la lucha contra la corrupción no es ofrecerle al pueblo circo mediático en detenciones, allanamientos y procesos que luego fracasen en los tribunales por las flaquezas legales con los cuales se elaboren los expedientes, el compromiso es asegurar que quienes desfalcaron al Estado sean enjuiciados en base a hechos rigurosamente demostrados en las audiencias para que la lucha contra la corrupción sea creíble y así haréis justicia…