Después de varios gobiernos y decenas de promesas en torno a la instalación de inhibidores de señales telefónicas desde los recintos penitenciarios, aparentemente el nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara ha decidido priorizar el anhelo ciudadano de impedir las acciones delictivas por parte de algunos privados de libertad.
El hecho de que Gómez Mazara haya habilitado 300 millones de pesos para el proyecto, e informar que el 85% de las llamadas fraudulentas con la intención de cometer delitos cibernéticos en el país proceden desde las cárceles, es motivo suficiente para acelerar el plan piloto que iniciará en el Centro de Reclusión y Rehabilitación El Pinito de La Vega.
Planes anteriores, como el iniciado en la cárcel conocida como «El 15 de Azua» no tuvieron continuidad en el tiempo, pero según estableció el ingeniero Hiddekel Morrison, responsable de instalarlos, el plan fracasó debido a la destrucción y sabotaje de los equipos inhibidores por parte de los internos, asegurando que durante el lapso en que estuvieron activos arrojaron muy buenos resultados.
A pesar de los previos escándalos que han rodeado los concursos de compras e instalaciones de los bloqueadores de señales incluyendo que parte de los inhibidores adquiridos fueron utilizados para beneficio personales por antiguos funcionarios, la población exige a gritos ponerle un régimen a los reclusos con el uso de los aparatos electrónicos desde los centros penitenciarios.
Cientos de casos relacionados a secuestros, sicariato, narcotráficos, asesinatos, extorsiones, fraudes bancarios, amenazas, sobornos y una extensa lista mas de transgresiones legales que ocurren cada mes, tienen sus orígenes en celulares localizados en las cárceles, por eso la ciudadanía ve con buenos ojos que por fin se va a iniciar un plan piloto para irlo extendiendo a los demás centros reclusorios a nivel nacional y con la esperanza de que no sea un fracaso como el del «El 15 de Azua».
