Santo Domingo, RD, 13 octubre, 2026.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, cuestionó ante senadores el alcance del interés casacional y las sanciones económicas previstas en la Ley núm. 2-23, al advertir que su aplicación podría afectar el derecho de defensa y el acceso efectivo a la justicia.
Durante un encuentro con miembros de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Potentini sostuvo que los mecanismos procesales no deben convertirse en barreras para que los ciudadanos puedan recurrir decisiones judiciales, especialmente en conflictos laborales.
El gremio también expresó preocupación por las multas y posibles indemnizaciones contempladas para recursos considerados abusivos o temerarios, al señalar que su aplicación desproporcionada podría intimidar a los abogados en el ejercicio legítimo de la defensa de sus clientes.
Asimismo, el CARD planteó adecuar el Código de Ética Profesional y el régimen disciplinario de la abogacía a las garantías constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las sanciones.
En otro orden, Potentini respaldó la creación de una cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia especializada en materia administrativa, por considerar que contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica y el control de legalidad de las actuaciones del Estado.
