Las medidas extremas tomadas por las instituciones del Estado dominicano, cerrando casi la totalidad los servicios ofrecidos, estuvieron justificadas en su momento, por las circunstancias de fuerza mayor que imponía la protección de los ciudadanos ante la propagación incontrolada del coronavirus en el territorio nacional.
Justificados en esa realidad los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los integrantes del Consejo del Poder Judicial propiciaron un cierre generalizado de las audiencias, a contrapelo de lo ordenado por la Carta Magna en torno a las realizaciones de juicios en los que el debido proceso y la tutela judicial estuvieran efectivamente garantizados.
A pesar de la apertura gradual o total ejecutada en las diferentes dependencias de las entidades públicas y privadas del país, la Suprema Corte de Justicia insiste en mantener todavía cerrados los tribunales originando un caos en las normativas procesales y afectando ostensiblemente los derechos de los ciudadanos en torno a una correcta administración de justicia.
Los tribunales dominicanos deben ser abiertos de inmediato, manteniendo las reglas de distanciamiento y protocolos sanitarios establecidos, porque es necesario respetar los mandatos de la Ley Sustantiva y para comenzar a resolver el enorme desorden causado con unos juicios virtuales ineficaces e ilegales, susceptibles de ser cuestionados y anulados por el Tribunal Constitucional.
Hay que exigir la apertura inmediata de los tribunales nacionales, la extensión temporal del horario de trabajo de las salas de audiencias, la agilización de los expedientes engavetados antes de la pandemia y el respeto a los plazos procesales establecidos en las leyes.
Basta ya de las insoportables violaciones constitucionales propiciadas por el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia.
