Entidades y personalidades agrupadas en la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) continúan con las acciones programadas tendentes a exigirle al gobierno dominicano una mayor inversión y calidad del gasto en esa área «ante el agravamiento de la terrible crisis de salud en el país, que se traduce en muertes y proliferación de enfermedades».
En la marcha manifestación celebrada hace días en el parque Independencia, los activistas de ADENSA levantaron un pliego de reclamos para revertir el consistente deterioro en los servicios de sanidad, que «viola el derecho a la salud».
Sin embargo, resulta insensato que mientras algunos de los voceros de esas exigencias por la salud insisten en culpar al presente gobierno del descalabro en clínicas y hospitales públicos, al mismo tiempo se declaran abiertamente en contra de las medidas tendentes a limitar el acceso de embarazadas indocumentadas extranjeras a los centros, acusando al Estado dominicano de «racista».
Si el Ministerio de Salud expresa que el presupuesto de esa cartera esta sobrecargado y al borde del colapso, por la excesiva demanda de servicios médicos por parte de haitianos indocumentados en detrimento de los pobres dominicanos, ¿no sería razonable por ADENSA incluir en sus demandas al gobierno la continuidad de las medidas migratorias que coadyuven a recuperar la operatividad del sector salud?
La responsabilidad constitucional del Estado es garantizar el derecho a la sanidad en primer lugar de sus nacionales y los inmigrantes legales, pero esa labor, ha sido durante muchos años socavada, esquivada, cobardemente abandonada a su suerte, trayendo como resultado el descalabro de esos servicios.
Entonces, detener el desangramiento de los recursos del sector salud por parte de indocumentados, va necesariamente de la mano con la posibilidad de que los dominicanos enfermos, vulnerables y depauperados puedan acceder a este derecho constitucional, ¿o no, ADENSA?
