Para nadie será sorpresa que transcurridos los días de fiestas navideñas los casos de contagios de la covid1-19 en el país muestren un ascenso repentino, con la consiguiente escalada de ocupación en las camas hospitalarias destinadas a pacientes afectados de esa enfermedad, y obviamente, más ingresados en las unidades de cuidados intensivos, e incluso más víctimas mortales.
Pese a estar cerca, todavía la República Dominicana no cuenta con el porcentaje de vacunados requeridos para declarar la existencia de una inmunidad de rebaño, y aún en esas circunstancias, el coronavirus continuará amenazando un vigoroso contraataque que puede forzar al restablecimiento de las medidas restrictivas previas. Las naciones europeas son un espejo de ese escenario.
Entonces, es difícil entender la validez de las justificaciones de aquellas personas renuentes a vacunarse, haciendo uso de una tozudez egoísta y mezquina que pone en riesgo a sus familias y amistades cercanas, pero que también boicotean una rápida vuelta a la normalidad social y a la recuperación económica.
Por tanto, la idea de exigir las tarjetas de vacunas a los 1, 7 millones de beneficiarios del bono navideño que ofrecerá el gobierno a principios de diciembre tiene que contar con el respaldo entusiasta de la población, pues al hacerlo se cumplirá con la meta de vacunación establecida por el gabinete de salud para levantar las limitaciones todavía en vigor y también los niveles de contagios en enero podrían aminorarse.
No debe olvidarse, que la continuidad de la pandemia afecta en primer lugar a las personas vulnerables y empobrecidas que no tienen el acceso a los medios de sustento anteriores, que gastan más en los bienes y servicios recibidos y que son los más susceptibles a recibir un cuidado médico limitado con posibilidades de desenlaces funestos en caso de enfermedades catastróficas.
