Desde hace años, los grupos comunitarios de las diferentes localidades dominicanas informaron sobre un fenómeno que viene produciéndose en las provincias del país, consistente en las extensivas compras de tierras, negocios y propiedades inmobiliarias por parte de haitianos, cuyo dinero y condiciones migratorias se desconocen.
En Santiago por ejemplo, la Coordinadora de organizaciones Comunitarias y Juntas de Vecinos de la zona sur, ha advertido de la masiva construcción de pensiones y cuarterías que son rentadas a haitianos a diestra y siniestra, sin verificación de antecedentes y en cuestión de días, uno de esos pequeños cuartuchos son habitados hasta por 15 haitianos.
Lo mismo ocurre en el la región Este, Sur y en la capital.
La tapa al pomo al problema, la puso el ex embajador dominicano en Haití Rafael Julían, quien denunció que grandes porciones de tierras están siendo compradas por empresarios haitianos en todo el territorio nacional, para proyectos inmobiliarios de asentamientos exclusivamente para Haitianos.
Dice que esas masivas adquisiciones son posibles debido a que durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández, éste derogó el decreto 2543 del 22 de marzo del 1945 que prohibía la adquisición por extranjeros de más de 2,000 metros cuadrados de tierra sin aprobación expresa del Poder Ejecutivo
El ex embajador, que también ha tenido periplo diplomático en Uruguay y Perú, advierte la peligrosidad que esta situación, máxime decimos nosotros cuando los representantes inmobiliarios dominicanos se escudan en la premisa de que «ellos no son Migración» y por tanto venden y alquilan tierras, edificios y casas a cualquier extranjero sin importarle la procedencia del dinero o estado migratorio.
Ojalá el gobierno actué frente a esta denuncia, que muestra como poco a poco seguimos perdiendo nuestro país.
