Lo revelado en el informe técnico realizado por la actual Junta Central Electoral a los equipos (scaners) y su cuestionado “uso” en el pasado certamen eleccionario del 2016, no deja dudas de que se trató de un gran tollo y un desfalco al Estado dominicano, que en cualquier país con un mínimo de institucionalidad, los responsables serían llevados a los tribunales.
Los resultados de la experticia prueban todo lo denunciado contra la organización y el proceder, que quien de manera absoluta decidía que hacer y cómo hacerlo.
Sin que se trate de una especulación, estamos frente a un gran negocio económico, como paga al compromiso de beneficiar a un sector, sin importar las consecuencias.
Ahora esos equipos, adquiridos con el dinero de todos y todas, habrá que tirarlos a la basura, mientras los responsables de ese vulgar robo y estafa, andan por ahí como si nada hubiese pasado.
Y como en este país «nada es nada», cuando del poder se trata, ello no pasará de ahí, pagaremos la deuda millonaria, nos olvidaremos del caso y los tramposos y desfalcadores, con su misión cumplida, seguirán siendo honorables…
