La justa protesta de los ex militares y ex policías reclamando un incremento en la mísera pensión que reciben, luego de dedicarle décadas de su existencia a proteger las vidas y bienes de los dominicanos, no debió culminar con el denigrante espectáculo de dispersarlos con bombas lacrimógenas, lanzadas por agentes del orden.
Comportarse así con ex compañeros que ejercían el derecho constitucional de buscar mejores condiciones de sobrevivencia fue un infeliz, excesivo e innecesario uso de fuerza en contra de pensionados que no estaban ocasionando ningún tipo de alteración pública, todo lo contrario, su actividad se desenvolvía en el marco de la prudencia.
En un país donde el costo de la vida sube sin cesar, haciendo que los pobres sucumban en la más abyecta miseria mientras los beneficios del cantaleteado crecimiento económico van a parar a los bolsillos de la oligarquía, lo menos que puede hacerse es respetar el derecho de las personas a dilucidar sus frustraciones y necesidades pacíficamente.
Los pedimentos de aumentar sus magras pensiones, obtener seguro médico decente, pago de indemnizaciones, entre otras reivindicaciones levantadas por los militares y policías jubilados son exigencias legítimas que deben ser atendidas y ampliadas por el gobierno, emitiendo un decreto en el cual se tome en consideración a ese sector en los planes de entregas de viviendas, como ocurre con otros servidores públicos.
Los policías y militares jubilados no están mendigando nada del Ministerio de Hacienda ni de ninguna otra institución del Estado, porque se ganaron con su dedicación y esfuerzo cualquier retribución o beneficio social presente o futuro, siempre y cuando se viva en una sociedad en donde impere el sentido de la justicia y la equidad para sus integrantes.
